Aumento registrado por un estudio de Paz Ciudadana junto a Adimark correspondiente al segundo semestre del 2011, donde se estableció que un 22,7 por ciento de la población correspondiente al estrato socioeconómico más bajo siente temor a ser víctima de algún delito.

Esto, a juicio de los alcaldes de Lo Prado y San Joaquín, Gonzalo Navarrete y Sergio Echeverría, se debe al fracaso en las políticas anti delincuencia ejecutadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Los ediles, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, señalaron que este fracaso se debe a la diminución de los recursos en planes de seguridad, a la privatización de las políticas de prevención y a la falta de articulación entre los gobiernos comunales, las policías y el Gobierno.

En este sentido, el alcalde Navarrete criticó uno de los planes estrella del Gobierno, el Plan Barrio en Paz, programa, que a juicio del edil, focaliza la lucha contra la delincuencia en zonas específicas desprotegiendo a la vigilancia policial en otras.

Además, el alcalde PPD llamó al Gobierno a no culpar a las marchas estudiantiles por el aumento en los índices de victimización y lo emplazó a realizar un buen diagnóstico para mejorar los planes de seguridad.

“Ya fueron los gobiernos de la Concertación, después fueron los fiscales, ahora son los estudiantes, después será la Capa de Ozono, pero mientras no se instaure una responsabilidad del Estado y en conjunto con los ciudadanos una fuerte inversión en prevención. Nosotros tenemos la sensación de que lo que va a ocurrir aquí es que estas cifras no van a cambiar. La vida de barrio va a empeorar, la sensación de desprotección va a seguir aumentando y vamos a tener finalmente lo que la Alianza planteó, que era la guerra a la delincuencia, que en este caso vamos a perder”, enfatizó Navarrete.

Según Gonzalo Navarrete, parte de este diagnóstico parte con no privatizar los programas sociales de prevención y seguridad, tal como ya ocurrió, según el alcalde, con las oficinas de protección de derechos de los niños y los programas de prevención de drogas.

“Lo que plantea sobre este tipo de problema social y de Estado, que se tiene que aplicar una política privatizadora en donde finalmente todo es concursable, donde no hay una articulación y responsabilidad del Estado del que las municipalidades forman parte. Nos vamos a llenar de cientos de pequeñas iniciativas, que no tienen contexto, dirección, ni coordinación. Si todo lo que se quiere hacer es la libre competencia y el mercado operando en las políticas de prevención, no conozco un sólo país en el mundo donde eso haya funcionado”, explicó el jefe comunal.

Por su parte, el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, dijo que Chile necesita de una reforma tributaria, ya que esta herramienta dotaría de mayores recursos a control y prevención del delito.

“Chile obviamente tiene que tomar una decisión política. Va a destinar o no va a destinar mayores recursos a seguridad pública, tanto en el ámbito de control -aumentar dotaciones policiales- como en el ámbito de la prevención. Chile tiene que entender que si no hace un esfuerzo mayor en materia de seguridad pública, en materia de recursos destinados a prevención y control difícilmente va a resolver”, aseveró Echeverría.

El edil subrayó el tema de los recursos con los que cuenta el Estado. “Se trata de una situación transversal a todas las demandas de la sociedad chilena. Chile tiene que aumentar sustancialmente los recursos, si es necesario hacer reforma tributaria para eso es lo que la dirigencia política, la elite del Parlamento y el Gobierno tienen que resolver” .

Finalmente, los líderes comunales advirtieron que, en caso de que el gobierno no aumente significativamente los recursos en la lucha contra la delincuencia, el temor y la victimización seguirán en aumento.