El pasado jueves se realizó el seminario “No a la privatización de SMAPA”, el servicio sanitario de la comuna de Maipú, que concluyó con el acuerdo de la comunidad municipal de que la empresa no debe concesionarse ni externalizarse.

Pero la discusión no sólo quedó ahí, ya que diversos sectores plantearon la necesidad de que las empresas sanitarias estén bajo el control del Estado, para que los beneficios de éstas queden íntegramente a favor de los ciudadanos.

Una de las integrantes al seminario de la comuna metropolitana fue la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, quien explicó que ante los problemas de escasez de agua, se hace patente la necesidad de que las sanitarias pasen a ser controladas por estamentos públicos.

“Los servicios de agua potable y saneamiento son el más importante servicio básico, la escasez de agua y dificultad de acceso genera más muertes en el mundo, entonces son un servicio estratégico ligado a un recurso fundamental, por eso la ONU indicó el acceso al saneamiento como un derecho fundamental de las personas”, apuntó.

La dirigente agregó que el control de empresas sanitarias por parte de empresas extranjeras es perjudicial porque las decisiones sobre el agua potable deben tomarse a nivel nacional y en situaciones de vinculación con los territorios a los cuales se otorga el servicio.

Por otra parte, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, (Fenatraos), Hugo Maturana, acusó al Gobierno de no considerar las ventajas para la comunidad de que los servicios de agua potable sean públicos.

Por esto, aseguró que las sanitarias concesionadas podrían ser recuperadas para el aparato estatal, mediante un movimiento social amplio, y destacó que “nosotros estamos propiciando de hace muchos años, es que esto vuelva al Estado. Es complicado, pero no para las empresas concesionadas, entonces un movimiento social puede lograr esto, que terminada la concesión las empresas vuelvan al Estado”.

Es por esto, que el dirigente sindical propuso un plebiscito, considerando además que Chile es, junto a Inglaterra, el único país que mantiene un modelo exageradamente neoliberal en cuanto a la administración de servicios públicos.

“Quisiéramos que en el tema del agua se haga un plebiscito. Saber qué quiere la ciudadanía, si empresas privadas o una estatal que asegure el derecho al agua, porque en todo el mundo el agua es o municipal o estatal, con Inglaterra somos el único país que va al extremo del modelo económico, lo que se nota en las tarifas”, sostuvo.

Estos aspectos se agudizan frente a la crisis de escasez de agua y sequía por el que atraviesan varias regiones del país, por lo que la preocupación se organizaciones civiles, sindicales y sociales va creciendo también, de manera proporcional.

Alerta en Maipú por eventual privatización de empresas sanitarias

El Gobierno propuso, ante los problemas de gestión del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA, como única solución la privatización o concesión de la empresa, situación que alertó a organizaciones sociales y sindicales. Esta alerta activó un nuevo foco de preocupación entre diversos actores, quienes coincidieron en la idea de mantener esta empresa como estatal, además de recuperar las que están en concesión.

El pasado jueves se realizó el seminario “No a la privatización de SMAPA”, el servicio sanitario de la comuna de Maipú, que concluyó con el acuerdo de la comunidad municipal de que la empresa no debe concesionarse ni externalizarse.

Pero la discusión no sólo quedó ahí, ya que diversos sectores plantearon la necesidad de que las empresas sanitarias estén bajo el control del Estado, para que los beneficios de éstas queden íntegramente a favor de los ciudadanos.

Una de las integrantes al seminario de la comuna metropolitana fue la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, quien explicó que ante los problemas de escasez de agua, se hace patente la necesidad de que las sanitarias pasen a ser controladas por estamentos públicos.

“Los servicios de agua potable y saneamiento son el más importante servicio básico, la escasez de agua y dificultad de acceso genera más muertes en el mundo, entonces son un servicio estratégico ligado a un recurso fundamental, por eso la ONU indicó el acceso al saneamiento como un derecho fundamental de las personas”, apuntó.

La dirigente agregó que el control de empresas sanitarias por parte de empresas extranjeras es perjudicial porque las decisiones sobre el agua potable deben tomarse a nivel nacional y en situaciones de vinculación con los territorios a los cuales se otorga el servicio.

Por otra parte, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, (Fenatraos), Hugo Maturana, acusó al Gobierno de no considerar las ventajas para la comunidad de que los servicios de agua potable sean públicos.

Por esto, aseguró que las sanitarias concesionadas podrían ser recuperadas para el aparato estatal, mediante un movimiento social amplio, y destacó que “nosotros estamos propiciando de hace muchos años, es que esto vuelva al Estado. Es complicado, pero no para las empresas concesionadas, entonces un movimiento social puede lograr esto, que terminada la concesión las empresas vuelvan al Estado”.

Es por esto, que el dirigente sindical propuso un plebiscito, considerando además que Chile es, junto a Inglaterra, el único país que mantiene un modelo exageradamente neoliberal en cuanto a la administración de servicios públicos.

“Quisiéramos que en el tema del agua se haga un plebiscito. Saber qué quiere la ciudadanía, si empresas privadas o una estatal que asegure el derecho al agua, porque en todo el mundo el agua es o municipal o estatal, con Inglaterra somos el único país que va al extremo del modelo económico, lo que se nota en las tarifas”, sostuvo.

Estos aspectos se agudizan frente a la crisis de escasez de agua y sequía por el que atraviesan varias regiones del país, por lo que la preocupación se organizaciones civiles, sindicales y sociales va creciendo también, de manera proporcional.