Si bien, con el rechazo del Senado a la idea de legislar sobre el aborto terapéutico la discusión sobre este tema quedó aplazada en un año, todavía existe la posibilidad de que se retome el debate parlamentario gracias a un proyecto presentado por la Democracia Cristiana que hoy se encuentra en la comisión de Salud de la Cámara Alta.

En concreto, la iniciativa toma el mismo proyecto patrocinado por el senador Camilo Escalona que fue rechazado el jueves, pero agrega una indicación sustitutiva, la que precisa que en vez de hablar de interrupción del embarazo “con fines terapéuticos”, este procedimiento sólo podría tener lugar “cuando está en riesgo la vida de la madre”.

En esa línea, el senador de la falange Mariano Ruiz-Esquide, explicó que lo que se hizo “fue presentar el mismo proyecto de Escalona, que ya lo teníamos en comisión hace mucho tiempo atrás, y la única diferencia es que no tiene esas frases intercaladas y se va a tratar más adelante”.
El parlamentario agregó que con esto se establece jurídicamente algo que en la actualidad sólo se remite a la praxis médica.

Y pese a la reticencia que mostró el oficialismo frente a los tres proyectos que fueron votados esta semana, esta indicación propuesta por la DC podría tener un fin distinto porque ya cuenta con el apoyo de algunos parlamentarios de la Alianza, como la senadora RN, Lily Pérez.

“Claramente quienes somos partidarios de que la interrupción del embarazo para proteger la vida de la madre no puede ser considerada un aborto, compartimos este proyecto. Espero que llegue a la Sala lo antes posible y votaré a favor”, afirmó la legisladora.

En todo caso, el senador Ruiz-Esquide se mostró pesimista respecto del resultado que pudiera tener el texto a la hora de ser votado, ya que no sería todo lo que algunos partidos de la Concertación, como el PS y el PPD,  querían y porque durante esta primera etapa de discusión el oficialismo se negó rotundamente a legislar sobre la materia.

Sin embargo, este texto legal tampoco se haría cargo de las falencias jurídicas que existen en torno al aborto incluso a nivel sanitario. Y es que además de no considerar casos de inviabilidad del feto sin riesgo vital para la madre, tampoco toma en cuenta las consecuencias para la salud física y mental de las mujeres que viven un proceso así.

Ámbitos que, según la académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Pamela Eguiguren, son esenciales a la hora de calificar el aborto como un problema sanitario.

“Sabemos que las mujeres que no están teniendo acceso tienen daño de salud mental. Si uno habla con psiquiatras que forman parte de equipos que tratan a mujeres que tienen que continuar con embarazos con malformaciones fetales como la anencefalia te van a decir que ven consecuencias claras. Se nos han referido intentos de suicidios o depresiones graves, entonces sí es un problema de salud pública del cual el país tiene que hacerse cargo”, sostuvo la experta.

Por su parte, la vocera del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles), Claudia Dides, aseguró que esta iniciativa ni siquiera rescata los derechos que existían antes de que se eliminara el artículo 119 sobre aborto terapéutico en 1989 y que había estado vigente desde 1931.

Por lo mismo, indicó que las organizaciones sociales exigen que los legisladores tomen en consideración abarcar situaciones como el riesgo en la salud de la mujer, la inviabilidad de los embriones y la violación y que cualquier texto que consagre menos garantías responde sólo a un arreglo político.

“Es insuficiente a la necesidad de las mujeres y a la realidad del país. Esto es un nuevo atropello a los derechos porque no están escuchando a la mayoría chilena. Más bien da cuenta de las presiones que hay al interior de la Concertación y es como un arreglo político y creo que las mujeres no pueden estar a la merced de las negociaciones de los partidos políticos”, sentenció Claudia Dides.

Además de este proyecto que contiene la indicación sustitutiva, la Democracia Cristiana tiene dos iniciativas legales más en carpeta respecto a este tema relacionadas con la forma de proceder en caso de violaciones y el respaldo médico para las mujeres que opten por seguir con un embarazo inviable.

Aunque no existen cifras oficiales, se estima que anualmente en Chile se practican más de 100 mil abortos. De hecho, de acuerdo a los registros médicos, cerca de 30 mil egresos hospitalarios se producen por complicaciones a raíz de la interrupción de un embarazo. Además, el 10 por ciento de la mortalidad materna se produce a raíz de abortos. Por lo mismo, organizaciones hicieron un llamado al Congreso a tomar cartas en el asunto y enfrentar esta situación.