El diputado Hugo Gutiérrez, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, y representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) llegaron hasta la Corte de Apelaciones para presentar una querella criminal, patrocinada por el abogado Boris Paredes, en contra de todos quienes aparecen en el listado de integrantes de la DINA.

El libelo se basa en el oficio del Estado Mayor General del Ejército, fechado el 28 de agosto de 2008, en respuesta a un requerimiento del ministro de fuero Alejandro Solís en la causa por Villa Grimaldi.

Boris Paredes explicó que la presentación judicial busca que se investigue a la DINA como organización criminal propiamente tal. “Se ha llegado a la conclusión por los diferentes ministros de manera aislada, que la DINA operó como un grupo de exterminio  y, como tal creemos que todos sus integrantes son miembros de una asociación ilícita. Desde ese punto de vista, se ha presentado una querella para que se investigue la participación de este grupo y de todos sus integrantes, independiente de los demás delitos que hayan cometido”, dijo.

El jurista recalcó que, tal como lo han manifestado diversos magistrados, como Víctor Montiglio, nadie pertenecía a la DINA con desconocimiento de lo que allí se realizaba, sino que cada uno ocupaba un lugar como engranaje dentro de una gran maquinaria destinada a asesinar, secuestrar y torturar personas.

Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, subrayó que en el listado oficial del Ejército de Chile se encuentran connotados personeros de la derecha, entre los que destacan Augusto Pinochet Hiriart, el actual diputado  Rosauro Martínez,  el alcalde de Providencia Cristián Labbé  y Jaime García Covarrubia, asesor del Instituto de Defensa Hemisférico de Estados Unidos, entre otros profesionales, oficiales con grado de mayor, capitanes, tenientes y subtenientes del Ejército.

Pizarro puntualizó que se busca poner fin a la impunidad en la que han vivido estas personas durante casi 40 años y perseguir no sólo a la estructura superior de la DINA. “Si alguien hoy cree que quien participó de la DINA, de la CNI, o de cualquier aparato represivo de la dictadura, lo hacía en completo desconocimiento y solo cumplían funciones administrativas, es querer tapar el sol con un dedo. Quien perteneció a los aparatos represivos del régimen es un genocida, un criminal, un asesino, y no puede ocupar cargos de representación ni desarrollar su vida en normalidad, porque lo que tienen que hacer es ir a la cárcel como cualquier criminal de este país”, aseguró.

En tanto, el diputado Gutiérrez también insistió en la responsabilidad de todos los integrantes del listado, donde se encuentran cerca de mil 500 personas entre hombres y mujeres. “Incluso Augusto tercero Pinochet Hiriart, el hijo del dictador, que pudo haber elegido una embajada durante la dictadura para haber pasado bien, pero optó por integrar la DINA. También aparece un diputado en ejercicio, notarios, conservadores, alcaldes. Todos los que formaron parte de la DINA tienen que tener no solo un reproche ético, es necesario que tengan también un reproche penal”, sostuvo.

La DINA fue creada en 1974, mediante el Decreto Ley N° 521, y era un servicio de seguridad autónomo, dependiente directamente de la Junta de Gobierno, dedicado exclusivamente a la represión de los partidos políticos de izquierda y de las organizaciones sociales. Estaba integrada por personal de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, al que se agregaron en calidad de agentes personas provenientes de grupos de ultraderecha.