Aunque aún no se conoce el total del articulado que compondrá el proyecto del Gobierno para reformular el mecanismo de financiamiento estudiantil universitario, los puntos anunciados por el ministro Harald Beyer, entre los que destacan la salida de la banca del sistema y la creación de una agencia estatal para administrar becas y créditos, ya han comenzando a ser analizados por los expertos en materia de Educación.

A las críticas por la eventual discriminación que podrían sufrir los estudiantes de menores recursos por parte de las universidades, al considerar el gasto por la diferencia entre el arancel real y el arancel referencial, también se oyeron voces disonantes sobre qué pasa con los estudiantes bajo los 475 puntos en la PSU, porcentaje mínimo de selección universitaria,  que no son considerados, por ejemplo, para becas, que ahora se comenzarán  a entregar desde  los 500 puntos.

En este sentido, el académico del Observatorio de Políticas Educacionales de la Universidad de Chile (OPECH), Mario Sobarzo, indicó que una de las mayores falencias del anuncio es que,  si bien, los bancos dejan de lucrar con los créditos universitarios, “todavía sigue funcionando y no se ha cuestionado el problemas del lucro en la Educación en las universidades privadas, lo cual es particularmente grave teniendo en cuenta que una parte importante de los ministros del Gobierno actual tienen intereses puestos en eso”, dijo.

“Hay un grado de suspicacia del otro lado de qué es lo que ellos van a hacer con el tema de la Educación, cómo van a resolver este problema, porque no es solamente la banca la que lucra, sino que hay una gran cantidad de organismos intermedios que lo hacen”, agregó el experto.

Por su parte, en la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo de nuestra casa de estudios, Alberto Mayol, en conversación con Juan Pablo Cárdenas, señaló que el nuevo sistema mantiene un problema que ha sido constante durante estos años: la clase media siempre termina pagando más por su educación.

“En Chile obtiene becas hasta el 40 por ciento más pobre; después, del 40 al 85 por ciento de ingreso se concentra el crédito; el 15 por ciento más rico paga al contado sus estudios, por lo tanto, va a seguir ocurriendo que pagan más cara la Educación quienes están en la clase media. Es decir, el que está un poco más abajo, 30 mil pesos menos, no va a pagar nada, y el otro va a pagar el doble de la carrera”, aseguró Mayol.

También se ha criticado que la reforma entregará recursos a los establecimientos educacionales  de manera indiferenciada, sin resguardar la calidad de la formación que entreguen.

En este sentido, el académico del Centro  de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE), Juan Pablo Valenzuela, aseguró que para resguardar los recursos del Estado “es indispensable que la iniciativa, cuando esté promulgada, tenga que ver con que no solo sean las universidades acreditadas, sino que las carreras estén acreditadas a su vez, que esos programas que están siendo financiados tengan, al menos, estándares de calidad mínimamente aceptados por el Estado de Chile”, señaló.

Los expertos coincidieron en que el Estado no tendría que establecer nuevos mecanismos para asegurar el retorno de la deuda por parte de los estudiantes, pues el sistema que actualmente utiliza el Fondo Solidario, principalmente a través de la recaudación de la devolución de impuestos, ha funcionado y la tasa de retorno es alta.

Asimismo, estimaron que la presentación de este proyecto no sellará el fin de la discusión por la gratuidad de la educación en Chile, pues mientras algunos lo calificaron como un avance hacia esta medida, otros consideraron que los estudiantes seguirán levantando esta bandera de lucha, en espera por un acuerdo para lograr este objetivo.