La solicitud de prisión preventiva para los ocho imputados y el fin de los alegatos por parte del Ministerio Público destacaron en la segunda jornada de formalización del caso que investiga las responsabilidades en la fallida alerta de maremoto ocurrida el 27 de febrero de 2010.

La participación de la Fiscalía se concentró en enfatizar los errores que mostraron los ocho acusados aquella madrugada, como por ejemplo, no seguir los procedimientos que la Onemi tiene, desde hace más de 50 años, para este tipo de catástrofes.

La discusión abordó además cómo la ex Presidenta Michelle Bachelet tuvo información de la existencia de un maremoto a su llegada a la Onemi, entregada por Carabineros y el alcalde de Juan Fernández, y cómo ella trató de contrarrestar esos datos con lo que informaba, por otro lado, el SHOA.

Uno de los imputados, el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, a la salida de la audiencia declaró que la presentación hecha por la Fiscalía se sustenta en suposiciones: “La Fiscalía ha hecho una exposición, desde mi punto de vista, llena de suposiciones, sobre la base de quien mira los hechos después de ocurridos. Cuando uno hace eso, por cierto que las cosas son muy distintas a cómo ocurrieron en la realidad. Nosotros no tuvimos ni los datos ni los elementos que la Fiscalía ha tenido para llegar a las conclusiones a las que ha llegado. Ha quedado acreditado que la información que recibimos era errónea y yo actué en base a esa información, porque no soy especialista ni en terremotos ni en tsunamis”, dijo.

Para Luciano Foullioux, abogado de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, hay respuestas para todas las apreciaciones hechas por la Fiscalía: “Esas apreciaciones de fondo las vamos a hacer valer en su oportunidad, tenemos respuesta prácticamente a toda las apreciaciones que se hicieron. Ella tiene la más total y completa convicción de haber actuado de acuerdo a los deberes que le imponía el cargo en aquella oportunidad”, señaló.

Luego del receso para almorzar, vino el turno de los querellantes, que decidieron sumarse a la petición de la medida cautelar de arraigo nacional y firma quincenal para los imputados hecha por la Fiscalía.

La excepción fue el abogado Raúl Meza, que pidió la prisión preventiva para los ocho imputados ya que, a su juicio, los inculpados representan un peligro para la sociedad.

El abogado querellante Alfredo Morgado apuntó a la falta de preparación de los acusados como principal causa de la cadena de errores que, a su juicio, hubo esa madrugada: “Son culpas compartidas, ambas instituciones, a través de sus distintos funcionarios, cometieron distintos errores. Es una cadena de errores inentendible, que ciertamente parte por el nombramiento de cada uno de los funcionarios, pasando por la capacitación y, lo que es más increíble, la falta de conocimiento en personas que se suponía que eran técnicas versadas en la materia y que estaban a cargo de la seguridad de todo un país”, explicó.

Durante la audiencia participó también el abogado Felipe de la Fuente, representante del ex director del SHOA, Mariano Rojas, quien negó lo afirmado por la Fiscalía, sobre que el organismo se haya comunicado por radio con gobernaciones de puente la madrugada de la tragedia.

Para este miércoles quedaron las siete exposiciones que restan de las defensas y luego la definición de medidas cautelares.