Ante las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, respecto de la judicialización de los conflictos socioambientales en Chile y su ejemplificación con el caso Castilla, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, declaró que “valoran la apreciación de la máxima autoridad de la justicia chilena que reconoce que hay una anomalía en el modo en cómo se adoptan las decisiones socioambientales que comprometen los derechos fundamentales de los ciudadanos del país”.

Pero la organización advierte que “Nos parece sumamente peligroso ejemplificar esto con el Caso Castilla, pues los antecedentes entregados al máximo tribunal dan cuenta de que en este caso en particular no es solo que hay una disonancia entre los objetivos país y los objetivos locales, sino que hay una demostrada ilegalidad y arbitrariedad de parte de las autoridades, cuestión que obviamente es competencia de los tribunales de Justicia”.

Agrega que “Si los ciudadanos no pueden contar con los tribunales de Justicia cuando las autoridades han incurrido en una ilegalidad, quiere decir que los principios democráticos ya no existen en nuestro país”.

OLCA recordó que “Cuando la Junta de Vecinos de Totoral vino a hacerse parte en los alegatos ante la Corte Suprema, gestión que nuestra organización acompañó, se le solicitó mediante una carta una audiencia al ministro Rubén Ballesteros. El presidente de la Corte Suprema no atendió a la solicitud, cuestión que podemos entender, no así el que él mismo ahora aparezca en los medios de comunicación en la misma línea que los ministros de Economía y Energía del gabinete del presidente Piñera”.

Concluyen que “Estas declaraciones del ministro Ballesteros, se dan en un momento crucial para la región de Atacama, no solo por las movilizaciones de Freirina que dan cuenta de la importancia de tomar determinaciones responsables a la hora de aprobar o rechazar ambientalmente los proyectos; sino que también porque uno de los costos políticos del alzamiento de Freirina fue el cambio de la mayor autoridad de la zona, la intendenta Ximena Matas, que fue reemplazada por el empresario agrícola Rafael Prohens, mismo que vendió 100 litros por segundo de derechos de agua para la puesta en marcha del proyecto Caserones, rechazado por la región en 4 mil millones de dólares, y que además está usando sus influencias para que se apruebe el traslado de aguas del Valle del Huasco a Copiapó, no para salvaguardar el consumo humano en crisis, sino para asegurar el vital elemento a la minería transnacional”.