El Gobierno ha dejado ver su interés en apresurar el trámite legislativo para la construcción de una carretera eléctrica pública, anunciando que adelantará el envío del proyecto de ley para agosto y no para septiembre, como se había asegurado anteriormente.

Esto, luego de que el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Energía, Jorge Bunster, sostuvieran un almuerzo con los máximos ejecutivos del sector eléctrico, después de que Colbún sugiriera suspender la línea de transmisión del proyecto Hidroaysén y congelara su participación en la iniciativa.

Los hechos fueron observados con suspicacia desde el Consejo de Defensa de la Patagonia, ya que además de creer que esto es una cesión del Gobierno ante las presiones del empresariado, también puede ser interpretado como una acción tendiente a preparar un escenario propicio para la aprobación del megaproyecto en la Patagonia.

Juan Pablo Orrego, de Ecosistemas, hizo ver que “el proceso de trámite en el Parlamento sería larguísimo, más todo lo que sucedería en términos de reacciones de la ciudadanía. Creo que están bluffeando. Realmente no entiendo, están tratando de crear una realidad virtual, de tantear el ambiente, pero no pueden crear la carretera pública con una especie de golpe de Estado, no se puede hacer”.

Orrego explicó que, en este sentido, es la primera vez que un Gobierno avanza en un proyecto de este tipo, que tendrá  que modificar la Ley de Servicios Eléctricos y otras legislaciones que, aseguró, están “blindadas por la constitución de la dictadura”.

El dirigente explicó que se debería apostar por un sistema de redes que funcione con líneas locales a menor escala, limitando el consumo, la producción y las características interregionales con las que contaría la carretera pública: “Lo que hoy está promoviendo gran parte de la sociedad, los expertos internacionales, senadores, diputados, es un sistema de generación distribuida con proyectos a mucho menor escala, con líneas de transmisión locales, no transregionales, que acerquen la generación al consumo, eliminando justamente la necesidad de grandes líneas de transmisión”, dijo.

Por su parte, Patricio Segura, abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, junto con acusar al Gobierno de ceder a la presión de los empresarios, lamentó que enfatice sus coordinaciones con éstos y no con las organizaciones de la sociedad civil: “El ministro y el Gobierno están previendo una presión empresarial brutal por la inoperancia que ha tenido la política eléctrica para resolver los problemas de Chile. Es más, están en su legítimo derecho de que se adelante el proyecto, porque eso va a tener una discusión parlamentaria y democrática y ahí es donde esperamos dar nuestros puntos de vista a través de los parlamentarios que nos apoyan. Pero lo que encontramos un poco desequilibrado es que el Presidente se reúna con la plana mayor de los empresarios y no invite al mundo ciudadano que está en la otra cara de la medalla”, indicó.

Patricio Rodrigo anunció que durante esta semana harán ver al Gobierno su malestar y solicitarán reuniones, asegurando que el proyecto de carretera eléctrica pública podría detenerse con una mayoría en contra en el Congreso, y sobre todo en el Senado.