Pronto a que el ministerio de Desarrollo Social dé a conocer los nuevos datos de pobreza que arrojará la Casen 2011, el Partido Progresista (PRO) dio a conocer un informe que cifra el nivel de precariedad en nuestro país en un 35 por ciento, superior al 15,1 entregado por el Gobierno.

La diferencia se sustenta en los diferentes modelos utilizados: mientras el Ejecutivo ocupa un sistema de medición absoluta, que cifra la línea de la pobreza en 65 mil pesos per cápita, la propuesta del progresismo es utilizar la fórmula relativa europea y establecerla en 102 mil pesos, algo más acorde a la realidad país.

Para los progresistas, si bien la medición absoluta permite focalizar mejor las políticas públicas al centrarse en los sectores más vulnerables, la medición relativa permite reflejar de mejor manera la situación económica de un país.

Para el presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, “si se mide mal la pobreza, se hacen mal las políticas públicas. Si se subvalora la realidad de los más vulnerables en Chile y la cantidad de hombres y mujeres que viven en condición de pobreza, se equivoca el diagnóstico y las propuestas”.

“Planteamos y denunciamos que en Chile la medición de la pobreza es incorrecta. La línea de corte de fines de los ’90 que hizo la Cepal es insuficiente, hay que actualizarla y si todos aceptamos que hay que revisar los criterios, entonces hay mucha más pobreza de la que se acepta”, agregó.

Con respecto a la política subsidiaria que ha llevado a cabo el Gobierno, el ex candidato presidencial sostuvo que la superación de la pobreza no se logra sólo con aumento de presupuestos: “Proponemos superar el concepto de Estado subsidiario de la Concertación, devolver en previsión, salud, vivienda, transporte, educación, mayor presencia estatal. Eso significa modificar la Constitución pero también supone mucho más coraje respecto a las reglas. Por eso, siendo hijo de economistas y gran admirador del rol de la economía, quiero decir que el problema de Chile, hace rato, está más en las reglas de la política y la democracia. Por eso creo que la pobreza no se va a superar solo con aumentos de presupuesto”, explicó.

Para los progresistas además es importante decretar un salario mínimo que permita estar por sobre la línea de la pobreza.

Camilo Lagos, vicepresidente de asuntos programáticos del PRO, criticó las declaraciones de miembros del gabinete que descartaron de plano un aumento a 250 mil pesos del sueldo mínimo: “Muchas de las declaraciones de los ministros de Economía de este gobierno y de los anteriores están más bien sustentadas en miradas ideológicas y no en la realidad. Aumentar el salario mínimo es una señal que debe ser complementaria a otros instrumentos, pro pyme, de desarrollo regional, de fondos de modernización, de desarrollo tecnológico. Ese es el problema de la economía neoclásica que tiende a analizar aisladamente los impactos, pero los impactos son globales y cuando un Gobierno está desarrollando una política pública, está desarrollando miradas más globales y de largo plazo”, indicó.

A juicio de los progresistas, no existen hoy iniciativas que permitan cambiar la estructura de medición, pese a que el propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuando era analista del CEP, utilizó el método relativo para criticar los datos que en ese tiempo entregó el gobierno de Michelle Bachelet.