En el marco de la estrategia del Gobierno de mejorar la calidad del aire y luego de la concreción de la norma de termoeléctricas y la medición del material particulado fino PM 2,5, el Ejecutivo presentará a principios del próximo mes un anteproyecto de la norma de emisión de fundiciones de cobre y de fuentes emisoras de arsénico.

La propuesta pretende bajar a la mitad las 400 mil toneladas anuales de dióxido de azufre (SO2) que emiten las siete fundiciones del país -Chuquicamata, Hernán Videla Letelier, Alto Norte, Caletones, Potrerillos, Chagres y Ventanas- y las emisiones de arsénico, que actualmente no se miden en línea.

Según ha trascendido, la norma aplicará por primera vez un instrumento de regulación común a las fundiciones, fijándoles un máximo de toneladas/año de emisiones, y exigirá que éstas capturen el 95 por ciento de sus emisiones, caracterizadas por tener SO2, material particulado y sustancias tóxicas como arsénico, mercurio y plomo.

Laura Gallardo, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, valoró los cambios afirmando que van en la línea correcta de reducir las cantidades de emisiones y que se controlen no sólo cuando éstas están concentradas: “Hay un cambio en el modo de gestión en términos de controlar las emisiones en cada recinto industrial versus el que se cumpla o no una norma de calidad, esto es, que se tenga una concentración límite que se sobrepasa o no, y sólo entonces tomar medidas, que son los planes de descontaminación que se han aplicado hasta ahora en las fundiciones. Este es un cambio que, según se sabe, debería ser más eficiente”, dijo.

La académica sostuvo además que con esto se reduce el impacto de las emisiones, aunque sutiles, de azufre oxidado, arsénico  y material particulado fino en zonas viento abajo de las fundiciones, lo que disminuye el impacto en la salud de las personas y los ecosistemas a larga distancia.

Jacques Wiertz, académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile, afirmó que se trata de un avance indispensable para mejorar los índices de emisión que están por sobre lo recomendable, aunque planteó sus dudas respecto a una real fiscalización: “Me parece que hay todavía poca claridad. La experiencia pasada no ha sido muy positiva. Hace muchos años atrás, aquí en la universidad, colaboramos con la norma de emisión de arsénico, que está vigente y es la única norma de emisiones para una fundición de cobre, y lamentablemente el proceso de control y fiscalización es bastante deficiente”, subrayó.

Wiertz se refirió además a la novedad, incluida en la norma, de incorporar una medición en línea en las chimeneas de las plantas de ácidos de las fundiciones, donde se tratan los gases, asegurando que puede no ser muy efectivo, ya que las emisiones son difusas y la mayor parte del humo sale directamente de la nave, lo que las hace muy difícil de medir.

Además, el experto recalcó que estas mediciones no permiten respuestas instantáneas, porque las estimaciones de las emisiones se conocen varios días después, lo que impide resolver episodios críticos de contaminación en forma inmediata

Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, recalcó que siempre hay que considerar diversos factores. Uno de ellos son las normas de emisión, como ésta, otro es la evaluación ambiental de los proyectos y otro los planes de prevención y descontaminación.

En el caso de la Bahía de Quintero, advirtió Flavia Liberona, la mayoría de los proyectos que ahí se sitúan no fueron evaluados ambientalmente y hay un plan de descontaminación insuficiente, por lo que una norma ayuda, pero se necesita una política pública más contundente: “El proceso de dictación de normas evidentemente es importante, pero en Chile es extremadamente lento y engorroso. Las normas en general no son de muy buena calidad y, si se quiere efectivamente ayudar a descontaminar, hay que abordar el problema de distintos lados. En el caso particular de Quintero-Puchuncaví-La Greda, ahí hay que hacer un plan de emergencia, la gente está en una situación que no puede continuar, no se puede esperar a una norma para ver si se descontamina”, recalcó.

En tanto, el diputado Enrique Accorsi (PPD), miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, dijo que, aunque no conoce los detalles del anteproyecto, la norma no puede ser anual como la que hay hoy día, sino que debe dar cuenta de la contaminación diaria.

Luego de la publicación del anteproyecto, el ministerio iniciará la consulta pública de 60 días, donde tanto vecinos como empresas podrán hacer sus observaciones a la iniciativa.