Las concesionarias que están a cargo de administrar y mantener los recintos penitenciarios de Alto Hospicio, Santiago 1 y Rancagua han recibido, por parte del Fisco, más de cinco mil millones de pesos por concepto de sobrepoblación, según informó este lunes un matutino.

Ello porque, según un documento firmado por la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, “si el número diario de internos es mayor a un 120 por ciento de la capacidad de diseño del recinto, el ministerio de Justicia pagará a la sociedad concesionaria, por concepto de compensación, la cantidad de 100 UTM (es decir, casi cuatro millones de pesos) por día en que se incurra en dicha situación”. Esto ya ha ocurrido en 1.361 días en esos tres penales.

El caso que registraba mayor índice de hacinamiento con fecha de 31 de mayo pasado, , según las cifras oficiales de Justicia, es Santiago 1, que excedía su capacidad en un 155 por ciento, con más de cuatro mil reclusos en un recinto diseñado para un poco más de 2.500.

Cabe recordar que el Gobierno, con el objetivo de descomprimir las cárceles, impulsó la ley de indultos, ya promulgada,  que debería beneficiar a más de seis mil internos del país con medidas como la conmutación de la pena de cárcel por la libertad vigilada en el caso de delitos menores y la expulsión de más de mil extranjeros a recintos en sus países de origen.

El diputado RN Cristián Monckeberg, presidente de la comisión de Legislación y Justicia de la Cámara, sostuvo que la situación no le sorprende porque se trata de contratos firmados durante la administración de Ricardo Lagos, que generaron este problema y el sobreprecio que hubo que pagar por estas cárceles.

“Aquí hubo un sistema de concesión de cárceles. Para que no nos olvidemos, el sistema de concesiones operó fuertemente en los años noventa y permitió, en muchas áreas del Estado, muchos avances, pero parece que para otras no resultaba. Una de estas es la concesión de cárceles, que no resultó para construirlas, no resultó para administrarlas y hasta el día de hoy no han dado lo resultados que uno quisiera. Eso es bueno recordarlo para aprender de los errores, mirar hacia adelante y ver cómo podemos avanzar y profundizar aún más los cambios en el régimen de construcción y administración de cárceles”, puntualizó.

El parlamentario valoró los anuncios del Gobierno en cuanto a construir nuevas cárceles y añadió que pretende invitar al ministro Teodoro Ribera a la instancia parlamentaria para conversar el problema de las altas multas.

Por su parte, José Maldonado, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), afirmó que es un hecho de la causa que los seis penales concesionados en el país están sobrepoblados respecto de su capacidad máxima y que no se está cumpliendo con el objetivo de la multa, que era evitar que se sobrepase el límite: “El error está en que los penales concesionados, salvo Santiago 1, reemplazaron penales antiguos y, en consecuencia, no generaron plazas nuevas, sino que ocuparon las plazas que ya estaban. Eso implica que no se intervino el hacinamiento, no se bajó la tasa. Se mejoraron condiciones de habitabilidad para los mismos presos en Rancagua, Alto Hospicio, La Serena, Valdivia, Puerto Montt, reemplazando los penales antiguos, pero no se enfrentó el hacinamiento”, recalcó.

Maldonado consideró que “estamos atrapados en un sistema donde faltan 16 mil plazas para poder colocar más presos” y agregó que las medidas del Ejecutivo con el apoyo del Parlamento atenúan un poco la situación, pero no van a solucionar la crisis, porque no se pueden crear rápidamente nuevas cárceles, lo que se ve empeorado por la falta de recursos humanos.

Olga Espinoza, coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile,  afirmó que la proyección del Gobierno sobre las multas no era tan elevada, porque significa un gasto muerto para el Estado, y enfatizó que se requiere un conjunto de medidas para reducir la sobrepoblación penal.

Para la especialista las medidas impulsadas por el Ejecutivo apuntan en la dirección correcta, pero aún “no son suficientes para responder al crecimiento sostenido de población penal que tenemos en el país. La política criminal es un ámbito donde participan no sólo el Poder Ejecutivo, con la gestión y administración de las cárceles, sino también otras instancias, como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, etc., que responden a una forma de legislación que contempla sanciones severas para quienes actúen fuera de la ley”.

Respecto de la creación de nuevas cárceles, la abogada advirtió que no es una medida inmediata, porque requiere de tiempo y fiscalización, por lo que no es una solución única.