En enero de este año la Corporación Humanas interpuso una querella contra quienes resultaran responsables de violencia física y sexual en contra de una estudiante de 14 años detenida durante una protesta en la ribera del río Mapocho, en plena efervescencia del movimiento estudiantil en 2011. Ese día, Fuerzas Especiales actuó de manera tan desmedida que no importó que hubiera decenas de cámaras fotográficas y de televisión registrando los forcejeos que, en el caso de las menores, se presentaron como subidas de poleras y ataques que la organización no demoró en calificar como de índole sexual y de género.

Posteriormente se presentó un caso parecido, esta vez, con una universitaria en Aysén, que también llegó a la justicia de la mano de Humanas y hoy, mientras el movimiento secundario vuelve a retomar las movilizaciones, nos enteramos de nuevos procedimientos vejatorios en contra de las jóvenes.

Diputados reaccionaron airados llamando incluso a establecer una comisión investigadora para aclarar estos “graves” hechos. Sin embargo, la violencia de género está lejos de erradicarse mientras no sea el aparato estatal en su conjunto el que, de una vez por todas,  deje de ver a los alumnos y a las alumnas como bichos que hay que exterminar y comience a respetar su posición en la sociedad como seres humanos libres y pensantes y, más aún, como menores a los que está obligado a proteger.

Y es que aunque los patrones de la violencia de género estén arraigados en una tradición histórico-cultural que se remonta incluso a las repetidas violaciones de la conquista española a las mujeres indígenas, ya es hora de que el Estado, como garante del ordenamiento jurídico de nuestra República, dé el ejemplo y haga valer lo que está obligado a hacer, ya sea por medio de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, vigente en Chile desde 1998 y/o la Declaración Internacional de los Derechos del Niño.

Esta vez son palabrotas, tocaciones indebidas y tratos humillantes, pero ¿Cuán lejos estamos de repetir las horrendas vejaciones a las que estuvieron sometidas cientos de mujeres durante la dictadura militar? ¿No es esto igual de repudiable que las violaciones colectivas que se presentan en región oriental de la República Democrática del Congo? Si desde el Ministerio de Justicia y el Sernam han celebrado la nueva penalización del “femicidio”, ¿Quedarse callado y hacer la vista gorda en estas situaciones no es lo mismo que justificar un femicidio? Es cierto, no podemos omitir las proporciones, pero si el Gobierno está tan preocupado de impulsar campañas para prevenir la violencia en el pololeo, ¿No sería igual de legítimo instruir a los órganos policiales para que respeten y den buen trato, primero que todo, a las mujeres?

Me gustaría ver a una ministra del Sernam empoderada y siendo la primera en denunciar la violencia de género, porque creo que es precisamente en este tipo de situaciones donde queda en evidencia qué instituciones pesan y cuáles son sólo de papel.

Ya es hora de que nos pongamos bien puestos las faldas y los pantalones para cambiar una plaga que ya ha sobrevivido por demasiado tiempo. Tuvimos una Presidenta, tenemos destacadas dirigentas, empresarias, intelectuales, académicas y poetas. ¿Qué estamos esperando para exigir nuestro lugar y demandar el término de violencia?