En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, “Londres 38, espacio de memorias”, realizó un acto conmemorativo en honor a los crímenes cometidos en dictadura y que aún se mantienen en la impunidad.

La organización, constituida en 2009, aprovechó este acto para reivindicar el caso y figura de José Huenante, joven de 16 años desaparecido en 2005 y cuyo juicio actualmente se encuentra en silencio.

En esa línea, María José Pérez, coordinadora de Londres 38, recalcó que “la iniciativa busca rendir homenaje a los detenidos desaparecidos chilenos, pero también relacionarla con los delitos que actualmente se comenten contra los ciudadanos”.

María José Pérez añadió que “nosotros a partir de esta intervención urbana desarrollamos una muestra itinerante que busca denunciar la impunidad, en el caso de José Huenante, pero también relevar lo que es la desaparición forzada en Chile y el vínculo de la desaparición de José con los detenidos desaparecidos de la Dictadura. Para nosotros ese es el gran eslabón que amarra las herencias de la dictadura, la justicia militar. Que casos de crímenes cometidos contra civiles pasen a la justicia militar es parte de una de las tareas que creemos nos debe competer a todas las organizaciones de Derechos Humanos”, dijo.

Respecto de la contingencia y las demandas por abusos de Derechos Humanos contra el movimiento estudiantil, la coordinadora criticó el proceder de Fuerzas Especiales y del Gobierno de Sebastián Piñera, calificando la Ley Hinzpeter, como herencia de la dictadura.

“Creemos que aquí hay un estigma hacia los jóvenes y que se ve también en los abusos policiales contra las marchas de los estudiantes, cómo entran a los colegios. Pero además hay una preocupación por intervenir en los procesos de constitución y organización de los jóvenes, por lo que creemos que es importante cuestionar lo que se está tratando de imponer como la Ley Hinzpeter, que busca limitar la organización, la lucha y la protesta social y, en ese sentido, pensamos que es una forma de dar continuidad a las herencias de la dictadura y fortalecerlas”, advirtió.

Asimismo, Luis Correa, abogado de la familia Huenante, criticó a la justicia militar, recalcando que “es un método de guerra”, que se extienden en los conflictos actuales con la protesta social.

“Me parece importante que conmemoremos el Día Internacional del Detenido Desaparecido y me parece brutal la respuesta del Estado chileno de impunidad frente al caso de José Huenante. Más brutal me parece la respuesta que ha dado la justicia militar, no sólo en el caso de José, sino también en todos los casos de niños asesinados por fuerzas policiales en el conflicto mapuche. Creo que estamos viviendo una época extremadamente compleja, esto de desnudar niños, es absolutamente racional, y las explicaciones del alto mando de Carabineros son pueriles. En cualquier gobierno democrático basta que un niño sea desnudado en una Comisaría y el ministro del Interior estaría fuera del Gobierno”, subrayó.

En tanto, otro invitado a la ceremonia conmemorativa del Día Internacional del Detenido Desaparecido, fue Felipe Curín, vocero de Colectivo de Estudiantes Mapuches Universitarios (Codemu), quien recalcó que “las prácticas de dictadura se siguen utilizando en el país, principalmente en La Araucanía, donde “se violan sistemáticamente los Derechos Humanos”.

Curín añadió que “el caso de Huenante no es tan diferente al de Jaime Mendoza Collío, Alex Lemún, Matías Catrileo e incluso Manuel Gutiérrez. No es casual que casi todos sean mapuche, tiene que ver con una cuestión colonial profundamente fascista, racista y discriminador de este Estado que quiere homogeneizar todo y cuando ve algo que es diferente trata de exterminarlo de raíz. Nosotros expresamos nuestro repudio a lo que pasa acá en Santiago, las torturas que siguen sucediendo contra los estudiantes y la gente que protesta, y obviamente no podemos dejar de mencionar lo que pasa en el sur, con comunidades absolutamente militarizadas”, señaló.

Polémica entre ministro Ribera y organizaciones de DDHH por Patio 29

Catorce casos de restos humanos que yacen en el Patio 29 fueron clasificados como “mal identificados”, y sin saberse esto, fueron entregados a sus familiares por parte del Servicio Médico Legal entre 1996 y 2002.

Esta información fue entregada el día martes en la noche, por el ministro en visita Alejandro Solís, quien al reconocer el error, pidió “perdón a nombre del Estado”.

El diputado de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y ex presidente de la instancia investigadora sobre irregularidades en los reconocimientos del Patio 29, Tucapel Jiménez, emplazó al Estado a no permitir nuevas equivocaciones y a avanzar en la materia.

“No creo que haya otro país que haya cometido un error así, y por lo tanto yo creo que acá el Estado va a tener que asumir esa responsabilidad y las familias van a tener que recibir en algún momento alguna compensación, aunque yo creo que no hay nada que pueda alivianar el dolor de ellos”, dijo.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, deslizó que, al ser el Patio 29 una fosa común previo al Golpe de Estado de 1973 y a la Dictadura, podría no tratarse de víctimas de las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de la época.

Ante esto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que no es Ribera quien determinará tal cuestionamiento.

“Sin duda que puede haber habido alguna dificultad, pero no es precisamente el ministro Ribera el que lo tiene que señalar. Aquí con pruebas de ADN, con procesos de identificación rigurosos y científicos se tendrá que determinar que si no son víctimas  de desaparición forzada habrá que señalar de quién son familiares y cuál es su identidad, porque no se trata de llegar y decir ‘ellos son de antes’”, recalcó.

Lorena Pizarro agregó que “el ministro Ribera está buscando superar prontamente esta situación, olvidar la existencia de las víctimas de desaparición forzada y la pendiente verdad y justicia que es fundamental de una vez por todas establecerla. Esa es la realidad. Él no está buscando avanzar en el juicio a los responsables de los crímenes de lesa humanidad”, señaló.

Esto lo sintetizó el presidente de la Comisión Nacional de DDHH, Gonzalo Taborga, quien junto con destacar la labor de Alejandro Solís, llamó a esperar los resultados de las pruebas que determinarán las identidades de los restos

“Tenemos que esperar la decisión acompañados de la aplicación de las últimas tecnologías de las ciencias médicas para determinar cuál es la verdad de una manera fehaciente. Estamos a días plazo de ver confirmados, por una parte, los dichos del ministro, o desmentidos como una vez más les ocurre a personas que avanzan opiniones precisamente para desdibujar que en Chile hemos vivido un drama de esta envergadura”, puntualizó.

A esto se suma que tanto Taborga como Lorena Pizarro y el diputado Jiménez, creen que deben agotarse los esfuerzos del Estado para identificar a las, hasta ahora, 73 víctimas que no han sido identificadas.