Fuertes cuestionamientos a la labor del ex fiscal Alejandro Peña y el ministro Rodrigo Hinzpeter realizaron los abogados Mauricio Daza y Rodrigo Román, en su visita a la comisión investigadora del Caso Bombas, en la Cámara de Diputados.

El abogado Daza, representante de Francisco Solar, aseguró que la Fiscalía y el Ministerio del Interior estaban obsesionados con demostrar, a cualquier precio, que las personas investigadas eran las responsables, y que el Ministerio Público abandonó otras líneas de investigación “sin ningún sentido”.

El jurista añadió la Fiscalía estaba entrampada en encontrar culpables, incluso, acomodando los antecedentes y las pruebas.

“Durante el juicio oral, muchos funcionarios policiales que estaban destinados a realizar allanamientos y otras actividades intrusivas fueron interrogados no sólo por nosotros, sino que por el propio tribunal, en el sentido de que si recibían instrucciones antes de realizar este tipo de acciones. Y señalaron que, efectivamente, eran mandatados y que las órdenes eran recoger todo lo que sirviera para sostener la imputación y descartar todo lo que sirviera para excluirla, bajo la lógica de sacar del cajón una premisa y tratar de acomodar los antecedentes y la prueba a esa conclusión”, comentó el jurista.

Daza denunció que el ex fiscal Alejandro Peña ofreció a su representado, obtener su libertad a cambio de confesar la responsabilidad en los delitos investigados.

Además, acusó al actual encargado de la División de Estudios del Ministerio del Interior, de dictar la toma de muestras de ADN de los investigados, de manera irregular y con uso de la fuerza, sólo para “causarles temor”.

Rodrigo Román, en tanto, denunció una serie de delitos cometidos por la Fiscalía, como la interceptación de correos electrónicos y la falsificación de informes periciales.

El jurista además, entregó antecedentes de una presunta reunión que sostuvo el ministro Hinzpeter con Alejandro Peña, en la noche previa a la ronda inaugural de alegatos.

Román dijo que hubo una orquestación política articulada desde La Moneda, que quedó demostrada con la acusación realizada por Peña y su inmediato arribo al ministerio del Interior.

“El lunes 4 de abril se acusa, el miércoles renuncia y el lunes toma posición en La Moneda. Eso viene a confirmar lo que nosotros siempre sostuvimos: que esto era una operación política. No nos quedamos solamente en la defensa, sino que creemos que esto es una expresión de una política de criminalización de la disidencia. La forma más aguda es la invocación de las leyes especiales. El gobierno de Sebastián Piñera asume en marzo de ese mismo año, y en mayo se vive el episodio del pakistaní, en agosto el Caso Bombas y en octubre el caso Olate”, recordó Román.

En tanto, el diputado del PPD Guillermo Ceroni afirmó que a medida que el trabajo de la comisión investigadora avanza y se van conociendo más antecedentes, más preocupación genera el actuar del Ministerio Público y el Ministerio del Interior.

“En el fondo lo único que se quiere es que ante la opinión pública se obtenga un resultado condenando a alguien a cualquier precio. Más allá de la presunción de inocencia y del velar debidamente incluso por los derechos de los imputados, sino que simplemente obtener un resultado para cumplir con este anhelo ciudadano de tener condenados en la cárcel a los que cometen delitos terroristas”, comentó el parlamentario.

La comisión citó para el 11 de septiembre al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para que entregue más antecedentes sobre la llegada del ex fiscal Alejandro Peña a esta cartera, quien podría asistir, nuevamente, a la comisión investigadora.