A mediados de 2009 la contingencia noticiosa era remecida por la colusión de las tres principales cadenas farmacéuticas del país. Salcobrand, Farmacias Ahumada y Cruz Verde subieron coordinadamente los precios de 222 medicamentos y el Tribunal de la Libre Competencia sancionó con cuantiosas multas el delito.
En tanto, y luego de un año de intensas movilizaciones estudiantiles, en junio de este año la comisión de la Cámara de Diputados comprobó los mecanismos desarrollados por las casas de estudio para evadir la ley que les impide lucrar. Mientras que, hace un poco más de un año, estalla un escándalo financiero de proporciones: La Polar repacta unilateralmente la deuda de más de 400 mil clientes.
Estos antecedentes forman parte de la historia reciente del empresariado chileno. Irregularidades que motivaron a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a presentar un marco ético que establece los valores que fundamentan la acción empresarial en Chile. “Un rayado de cancha”, según Lorenzo Constans, presidente de la organización gremial.
El documento, denominado “Marco ético del Empresariado Chileno”, se fundamenta en una Economía Social de Mercado que propicie la competencia, y esté regida por valores como la libertad individual, honestidad, justicia, solidaridad y respeto “a los grupos de interés”, como consumidores y trabajadores. La publicación destaca además, como una buena práctica empresarial, el “cumplimiento de la legislación”.
Este marco valórico respondería, según Hernán Calderón, presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), a un “alarde de responsabilidad social, pero que en realidad no es efectiva la forma en que ellos la están realizando. Solo se auto complacen quienes creen que lo están haciendo bien”.
El documento de siete páginas hace una síntesis de compromisos. No obstante, ésta tiene el carácter de recomendación, pues la autonomía de cada sector impide un marco normativo vinculante. Las sanciones y garantías, por lo tanto, no son abordadas por la agrupación gremial.
Leandro Cortés, vicepresidente de la Confederación Nacional de Sindicatos del Comercio y el Vestuario (CONFESCOVE), recuerda que “cuando nos hemos sentado como comercio en muchas de las mesas, ellos dicen estar de acuerdo. Pero cada empresario tiene su autonomía y en muchas ocasiones esos acuerdos no se respetaron”. En este sentido, Leandro Cortés afirma que “si no hay un compromiso real y una sanción real, van a quedar solamente las buenas intenciones”.
Los escándalos financieros de los que Chile ha sido testigo en los últimos años son un fuerte llamado de atención, que debería inquietar al gremio. Sin embargo, es el marco jurídico nacional el que debe regular, a punta de leyes y sanciones, el accionar del empresariado, para así impedir nuevas colusiones, repactaciones, triangulaciones y evasiones.
A mediados de 2009 la contingencia noticiosa era remecida por la colusión de las tres principales cadenas farmacéuticas del país. Salcobrand, Farmacias Ahumada y Cruz Verde subieron coordinadamente los precios de 222 medicamentos y el Tribunal de la Libre Competencia sancionó con cuantiosas multas el delito.
En tanto, y luego de un año de intensas movilizaciones estudiantiles, en junio de este año la comisión de la Cámara de Diputados comprobó los mecanismos desarrollados por las casas de estudio para evadir la ley que les impide lucrar. Mientras que, hace un poco más de un año, estalla un escándalo financiero de proporciones: La Polar repacta unilateralmente la deuda de más de 400 mil clientes.
Estos antecedentes forman parte de la historia reciente del empresariado chileno. Irregularidades que motivaron a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a presentar un marco ético que establece los valores que fundamentan la acción empresarial en Chile. “Un rayado de cancha”, según Lorenzo Constans, presidente de la organización gremial.
El documento, denominado “Marco ético del Empresariado Chileno”, se fundamenta en una Economía Social de Mercado que propicie la competencia, y esté regida por valores como la libertad individual, honestidad, justicia, solidaridad y respeto “a los grupos de interés”, como consumidores y trabajadores. La publicación destaca además, como una buena práctica empresarial, el “cumplimiento de la legislación”.
Este marco valórico respondería, según Hernán Calderón, presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), a un “alarde de responsabilidad social, pero que en realidad no es efectiva la forma en que ellos la están realizando. Solo se auto complacen quienes creen que lo están haciendo bien”.
El documento de siete páginas hace una síntesis de compromisos. No obstante, ésta tiene el carácter de recomendación, pues la autonomía de cada sector impide un marco normativo vinculante. Las sanciones y garantías, por lo tanto, no son abordadas por la agrupación gremial.
Leandro Cortés, vicepresidente de la Confederación Nacional de Sindicatos del Comercio y el Vestuario (CONFESCOVE), recuerda que “cuando nos hemos sentado como comercio en muchas de las mesas, ellos dicen estar de acuerdo. Pero cada empresario tiene su autonomía y en muchas ocasiones esos acuerdos no se respetaron”. En este sentido, Leandro Cortés afirma que “si no hay un compromiso real y una sanción real, van a quedar solamente las buenas intenciones”.
Los escándalos financieros de los que Chile ha sido testigo en los últimos años son un fuerte llamado de atención, que debería inquietar al gremio. Sin embargo, es el marco jurídico nacional el que debe regular, a punta de leyes y sanciones, el accionar del empresariado, para así impedir nuevas colusiones, repactaciones, triangulaciones y evasiones.
A mediados de 2009 la contingencia noticiosa era remecida por la colusión de las tres principales cadenas farmacéuticas del país. Salcobrand, Farmacias Ahumada y Cruz Verde subieron coordinadamente los precios de 222 medicamentos y el Tribunal de la Libre Competencia sancionó con cuantiosas multas el delito.
En tanto, y luego de un año de intensas movilizaciones estudiantiles, en junio de este año la comisión de la Cámara de Diputados comprobó los mecanismos desarrollados por las casas de estudio para evadir la ley que les impide lucrar. Mientras que, hace un poco más de un año, estalla un escándalo financiero de proporciones: La Polar repacta unilateralmente la deuda de más de 400 mil clientes.
Estos antecedentes forman parte de la historia reciente del empresariado chileno. Irregularidades que motivaron a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a presentar un marco ético que establece los valores que fundamentan la acción empresarial en Chile. “Un rayado de cancha”, según Lorenzo Constans, presidente de la organización gremial.
El documento, denominado “Marco ético del Empresariado Chileno”, se fundamenta en una Economía Social de Mercado que propicie la competencia, y esté regida por valores como la libertad individual, honestidad, justicia, solidaridad y respeto “a los grupos de interés”, como consumidores y trabajadores. La publicación destaca además, como una buena práctica empresarial, el “cumplimiento de la legislación”.
Este marco valórico respondería, según Hernán Calderón, presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), a un “alarde de responsabilidad social, pero que en realidad no es efectiva la forma en que ellos la están realizando. Solo se auto complacen quienes creen que lo están haciendo bien”.
El documento de siete páginas hace una síntesis de compromisos. No obstante, ésta tiene el carácter de recomendación, pues la autonomía de cada sector impide un marco normativo vinculante. Las sanciones y garantías, por lo tanto, no son abordadas por la agrupación gremial.
Leandro Cortés, vicepresidente de la Confederación Nacional de Sindicatos del Comercio y el Vestuario (CONFESCOVE), recuerda que “cuando nos hemos sentado como comercio en muchas de las mesas, ellos dicen estar de acuerdo. Pero cada empresario tiene su autonomía y en muchas ocasiones esos acuerdos no se respetaron”. En este sentido, Leandro Cortés afirma que “si no hay un compromiso real y una sanción real, van a quedar solamente las buenas intenciones”.
Los escándalos financieros de los que Chile ha sido testigo en los últimos años son un fuerte llamado de atención, que debería inquietar al gremio. Sin embargo, es el marco jurídico nacional el que debe regular, a punta de leyes y sanciones, el accionar del empresariado, para así impedir nuevas colusiones, repactaciones, triangulaciones y evasiones.
