El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) expresó su rechazo al decreto 702 que modifica la Ley de Fomento Forestal, por considerar que da continuidad al decreto 701 “que por 40 años ha subsidiado el 50% de los casi tres millones de hectáreas de pinos y eucaliptus que invaden el sur del país para ganancia enteramente particular y privada”.

Mediante una declaración pública a propósito del Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, el organismo calificó también como “vergonzoso” que el Gobierno aplique el Convenio 169 de la OIT a través de una consulta “con preguntas intencionadas” a comunidades mapuches.

Según OLCA, la consulta no aborda todos los aspectos de la ley y tampoco considera “las denuncias históricas que el pueblo mapuche ha realizado contra el modelo forestal, mismo que motivó el criminalizado movimiento de recuperación de tierras, como respuesta desesperada a la condena a muerte que se les impone cotidianamente”.

En esa línea, la organización exigió “que el Gobierno hable claro” y no continúe “insultando nuestra inteligencia: “Plantaciones no son bosques. Energía renovable, no es quemar desechos forestales para producir energía que les permita seguir depredando, o aún mejor, transformar esa energía en bonos de carbono que permita a otras industrias más contaminantes comprar el derecho a contaminar. Servicios ambientales no es plantar árboles que serán cortados en 20 años disfrazándolos de sumideros de carbono”, señaló.

De acuerdo al documento, “esta peligrosa terminología” buscar enmascarar “la sed de ganancia y de acumulación a cualquier costo de los grupos económicos que están detrás del negocio forestal”.

El Observatorio detalló una serie de perjuicios generados por las empresas forestales y sostuvo que un modelo realmente sustentable “debiera promover y subvencionar la plantación de especies nativas para recomponer los ecosistemas devastados, fomentar la descentralización de la propiedad, el diálogo entre agricultura y silvicultura, la recuperación real de tierras degradadas y erosionados y no seguir promoviendo como hasta ahora la degradación intencionada para justificar luego la siembra y el negocio”.

Finalmente, la declaración llama a las comunidades a empoderarse y organizarse y exige “que antes de aprobar nuevas leyes que comprometan el bienestar colectivo, se realicen estudios serios y evaluación rigurosa de los brutales impactos sociales, culturales y ambientales que ha traído consigo el modelo forestal”.