Luego que este viernes el Gobierno aceptara la renuncia del ex jefe de división de estudios de la subsecretaría de Interior, Alejandro Peña, debido a su responsabilidad como encargado del programa por el que se adquirirían equipos con un sobreprecio de hasta cuatro veces su valor original para la detección de droga, diversas reacciones se generaron desde el mundo político.

Desde la bancada DC, quienes el pasado jueves ya habían recurrido a la Contraloría General de la República para que investigara los hechos revelados por el portal Ciper, aseguraron  que “el ex Fiscal Peña tenía ya una larga lista de irregularidades y casos pendientes que no sustentaban su permanencia en el Ministerio del Interior”.

Aunque al referirse públicamente a su salida de la cartera, el ex fiscal afirmó que se iba “con la conciencia muy limpia”,  los parlamentarios de oposición apuntaron no solo a su responsabilidad por estas irregularidades, sino por otras como la pérdida de droga incautada, cuestión que también se encuentra siendo investigada.

“La renuncia del ex fiscal Alejandro Peña a su cargo en el ministerio del Interior nos da la razón, pero no evita su comparecencia ante la Fiscalía por la denuncia penal que presentamos en el Ministerio Público por la pérdida de droga incautada y por el sobreprecio en una licitación en instrumentos para la lucha contra el narcotráfico”, aseguró el diputado Gabriel Ascencio.

Por su parte, el subjefe de la bancada, Ricardo Rincón, agregó que “nuestra fiscalización apuntaba a una serie de casos, el tema de la millonaria licitación por equipos detectores de droga fue ya lo último que se podía esperar, sumándose el caso de la droga extraviada, donde ni el ministerio del Interior ni el ministerio de Salud lo denunciaron”.

A ello se sumaron voces desde el PS, donde su jefe de bancada, Mario Shilling, llamó al ministro de la cartera, Rodrigo Hinzpeter, y al subsecretario, Rodrigo Ubilla, a responsabilizarse por los hechos y presentar su renuncia. El diputado indicó que parece “impensable” que ambas autoridades no estuvieran al tanto de la millonaria licitación.

Sin embargo, el ministro del ramo, solo se refirió al tema para prometer “la mano más dura que corresponda” en contra de quienes estén involucrados en un caso que mezcla acusaciones de colusión, tráfico de influencias y corrupción, indicando que desde la cartera se entregó toda la información al Ministerio Público para que los hechos sean esclarecidos con celeridad.

“Esas personas se va a encontrar con una reacción legal que ya se ejecutó, poniendo estos antecedentes en el Ministerio Público, y se va a ejecutar posteriormente, si corresponde, con una querella criminal, porque para frescos y pillos el ministerio del Interior no tiene ninguna paciencia”, sostuvo Hinzpeter.

Por su parte, el ex fiscal Peña, descartó su responsabilidad directa sobre la polémica licitación, afirmando que ésta  se encontraba “ajustada a derecho, con marcos de legalidad, sus bases han sido aprobadas por la Contraloría, había pasado el manto legal en  todas las etapas, pero desprendiéndose de los antecedentes graves que da a conocer este medio de comunicación digital en que habrían  existido comunicaciones entre las empresas es importante la actitud que se ha tomado y denunciar los hechos a la Fiscalía para que investigue  de manera acuciosa y se sancione a los responsables de haber sido capaz de causar un daño fiscal”.

En tanto, durante el transcurso de la tarde, cinco computadores fueron incautados desde la subsecretaría de Interior por personal del OS – 9 de Carabineros, entre los que se cuenta el equipo del mismo Peña y de dos de sus colaboradores.

En el procedimiento participó el fiscal de la Zona Netropolitana Centro Norte, José Morales, a quien se le encargó la investigación. La policía además habría incautado un computador desde la empresa Tecnodata y, por su parte, la PDI retiró el equipo del subprefecto de la Brigada Antinarcóticos, Iván Villanueva, quien realizó el informe técnico sobre el material requerido.