Nuevos bríos está adquiriendo el Caso Sobreprecios dentro del gobierno. Y es que la controvertida licitación, en la que se iba a cancelar un valor cuatro veces superior al del mercado por equipos para la detección de drogas, ya provocó la salida de tres funcionarios del Ministerio del Interior y tiene a la oposición pidiendo la cabeza del subsecretario, Rodrigo Ubilla.

Por lo mismo, las autoridades definieron una estrategia para proceder, en la que la contratación del abogado Luis Hermosilla jugó un rol fundamental. En entrevista con un periódico de circulación nacional, el jurista comentó que  no está “para defender a nadie. Estoy para ayudar a perseguir a aquellos que actuaron ilícitamente, sea quien sea. No se me ha pedido defender a alguien. Todo lo contrario, se me ha pedido transparencia completa. Entregar toda la información a la fiscalía, caiga quien caiga”.

En esa línea, comentó que, hasta el momento, “hemos aportado antecedentes como flujos de llamados telefónicos de personas que no tenían por qué haber tenido contacto con el dueño de  tecnodata. La impresión que hay es que hay una comisión (evaluadora) que está intervenida. Que hay funcionarios de esa división que no tienen que ver directamente con la licitación, pero que tienen una relación de larga data con Alfredo Giacoman”.

Un lazo que quedó de manifiesto con los correos electrónicos que intercambió Giacomán con el también destituido sociólogo Carlos Álvarez, donde se expresaba el conocimiento de las bases del concurso previo a su llamado.

Hermosilla precisó que “el Plan Frontera Norte es estratégico, de interés nacional. Su fin es generar una barrera al narcotráfico. Lo importante es perseguir a aquellos que intentan perforar esa frontera, no sólo de obtener ventaja económica, a mi entender, sino que además de corromper a funcionarios públicos. Y eso es de la mayor gravedad y deberían estar todos alineados. Y no porque estamos en una época electoral deben comenzar cuestionamientos de orden menor”.

El abogado agregó que “el principal énfasis del gobierno es entregar todos los datos disponibles al Ministerio Público. Hemos aportado antecedentes como flujos de llamados telefónicos de personas que no tenían por qué haber tenido contacto con Giacoman (dueño de Tecnodata). “Aquí hay una trama que desenredar. Vamos a aportar información no sólo respecto a la licitación de los densímetros, sino que también de la que estaba en trámite, la de las cámaras termales (por $ 4.500 millones). Este proceso fue suspendido por el subsecretario”, finalizó.