Comisión presidencial estudia reformar al sistema de libre competencia

El subsecretario de Economía, Tomás Flores, afirmó que el Gobierno está socializando con diversos centros de estudio las propuestas de reformas al sistema de la libre competencia, realizadas por una comisión asesora presidencial. Las conclusiones de la llamada “Comisión Rosende” fueron nuevas sanciones, mecanismos de delación compensada y modificaciones al modelo de consultas de fusiones. Sin embargo, las propuestas no satisfacen del todo.

El subsecretario de Economía, Tomás Flores, afirmó que el Gobierno está socializando con diversos centros de estudio las propuestas de reformas al sistema de la libre competencia, realizadas por una comisión asesora presidencial. Las conclusiones de la llamada “Comisión Rosende” fueron nuevas sanciones, mecanismos de delación compensada y modificaciones al modelo de consultas de fusiones. Sin embargo, las propuestas no satisfacen del todo.

El subsecretario de Economía, Tomás Flores, dijo que las conclusiones de la comisión Rosende, encargada de revisar las reformas al sistema de libre competencia, se están consensuando y evaluando si se ingresan vía mensaje presidencial al Congreso. “Más que con parlamentarios, nos hemos reunido con centros de estudios, estamos circulando los concluido por el comité asesor presidencial”, señaló el personero de Gobierno.

Este equipo técnico propuso una serie de modificaciones al sistema de la libre competencia, producto de la serie de delitos que se han producido en este ámbito, como la colusión de las farmacias y las repactaciones unilaterales de La Polar, por ejemplo.

Aldo González, docente del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y miembro de esta comisión, señaló que las principales conclusiones dicen relación con modificaciones al sistema de sanciones, las que “tienen que ser proporcionales al daño y para que sean proporcionales al daño tienen que ser en función de una medida objetiva y medible de la actividad que hizo la empresa”; pero además, “en el paso particular de la colusión, que es la falta más grave, lo que se propuso es que el sistema actual sea compatible con la delación compensada, que la primera persona que delata la existencia no tenga sanción alguna”, señaló.

González indicó que la comisión propuso, también, modificaciones al sistema de control de fusiones, que actualmente no es obligatorio, lo que permite que grandes empresas puedan fusionarse sin pasar por el Tribunal de la Libre Competencia.

El director académico del Diploma en Regulación y Competencia de nuestra casa de estudios indicó que este mecanismo genera incertidumbre en las compañías, lo que atrasa mucho las operaciones, según agregó. Por ello, en la comisión se han barajado opciones como “avanzar a un sistema semi obligatorio en el que si la empresa tiene una embergadura tal que superen ciertos umbrales, pasen a un proceso de consulta obligatorio en el que en una primera etapa se ve rápido si hay un problema o no. Si no hay riesgo la fusión puede seguir adelante, pero si hay riesgo el análisis pasa a una segunda etapa más profunda que puede tardar unos meses más”, detalló.

Todo en análisis de esta comisión Rosende se cimentó sobre la base de que “el sistema de libre competencia, a nivel de leyes e instituciones, están funcionando bien”, afirmó Aldo González.

Hernán Frigolett, experto del Grupo Nueva Economía, remarcó que estas propuestas ayudan, “pero de forma superficial”. El economista precisó que la delación compensada en un mecanismo bastante engorroso, “algo que es sabido por el mercado”, aclaró, por ello enfatizó en los puntos, que a su juicio, se deberían mejorar. Esta mejora viene de la mano del fortalecimiemto de los “equipos técnicos que están trabajando tanto en la fiscalía nacional económica, en el tribunal de la libre competencia, hacer mejores alianzas con las universidades para hacer un sistema que haga estudios en profundidad y esté siendo previsora y evite las prácticas colusivas y anticompetitivas”, aseguró.

Otro de los temas debatido en la comisión Rosende, fue que la conformación de carteles para la colusión fuera penalizada con cárcel, sin embargo, no fue parte de sus conclusiones ni propuestas y sí, la elevación de las multas.





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