Según ha expresado el Ejecutivo, la iniciativa busca asegurar la sustentabilidad de los recursos marítimos, así como el acceso a la actividad pesquera, sus regulaciones y fiscalización. Sin embargo, el proyecto ha generado una serie de controversias, sobre todo entre los pescadores artesanales y organizaciones ciudadanas, para quienes la iniciativa está lejos de cumplir con los objetivos, ya que entregaría los recursos a siete familias y pondría en riesgo la pesca artesanal.

La misma división se da al interior del Parlamento con un grupo de senadores oficialistas que mayoritariamente respalda la iniciativa y una oposición dividida que se debate entre discutir las observaciones una a una y la posibilidad de lograr un acuerdo en la regulación. El senador socialista, Fulvio Rossi, quien presentó 62 indicaciones, se refirió a la posibilidad de consensuar con las autoridades.

“Estamos tratando de construir un acuerdo con el gobierno en la medida que éste acepte incorporar aspectos que para nosotros son muy relevantes como el dominio público de los recursos hidrobiológicos, es decir, que son de todos los chilenos. Eso debe quedar establecido en la ley y que las licencias transables de pesca, o sea, los permisos de explotación que el Estado le entrega a privados, no sean a perpetuidad”, precisó el legislador.

Rossi añadió que es fundamental que haya criterios de caducidad en la concesión de cuotas. Además, sostuvo que es fundamental crear un Instituto de Fomento de la Pesca Artesanal y fortalecer al Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca) en su facultad fiscalizadora, logrando que primen criterios científicos y de sustentabilidad.

Completamente distinta fue la postura del senador Carlos Bianchi para quien, o se retira la urgencia, o se prorroga la ley por dos años más.

“La urgencia la ha puesto el gobierno y es algo que no sólo atenta contra el ejercicio de nuestra función si no que abiertamente va en contra lo que hemos venido defendiendo y hemos constatado Las autoridades junto a otros senadores de oposición entre ellos el senador Rossi y Sabag están tratando de llegar a un acuerdo para aprobar una ley que va a terminar matando la pesca artesanal”, dijo Bianchi.

Por su parte, Alfredo Irarrázaval, gerente de Pymepes, agrupación que reúne a las pequeñas empresas pesqueras, sostuvo que es necesario darle más tiempo al debate de esta legislación y atribuyó la urgencia a razones de corte estrictamente político. 

“Aquí lo que se está buscando es sacar la ley antes del 11 de noviembre. Hay objetivos particulares que no pueden sobreponerse a los intereses generales del país. Si la ley debe demorar lo que sea, es el proceso que tiene que seguir”, dijo.

Pese a esto, el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, indicó que el gobierno ha presentado también 60 indicaciones a la iniciativa, que consideran fortalecer los entes investigadores, apoyar al desarrollo productivo de la pesca artesanal y el limitar el período de las licencias transables de pesca y afirmó que “en un proyecto con tantos conflictos de intereses es imposible dejar contento a todo el mundo”.

En esta línea se mostró confiado en que podría generarse un acuerdo esta misma semana, y que el Senado podría despachar la ley a más tardar el 10 de noviembre.