Hasta el jueves de esta semana sesionará en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), que realizará audiencias públicas sobre distintos conflictos hídricos en la región andina y el Cono Sur para dar a conocer su veredicto el próximo viernes 9 de noviembre.

Este martes se revisó, justamente, el caso Pascualama a partir de una demanda que presentó contra la empresa Barrick Gold el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la Pastoral de la Salvaguarda de la Creación, El Comité de Esperanza de Vida y el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, todas organizaciones sociales de nuestro país.

El presidente del Tribunal, el abogado especialista en conflictos relacionados con el agua, Javier Bogantes, indicó a Radio Universidad de Chile que este caso es emblemático, ya que se trata de la forma en que los gobiernos han permitido que se establezca una explotación en regiones de gran vulnerabilidad ecológica, lo que con el calentamiento global, podría causar “consecuencias irreversibles”.

“Todos sabemos que este tipo de proyectos requiere altas cantidades de agua y que, a veces, esas cantidades no son compatibles con la realidad de un territorio”, afirmó Bogantes, quien apuntó al desequilibro que esto genera en las comunidades, añadiendo que “en experiencia del tribunal, la explotaciones mineras en América Latina están convirtiéndose en uno de los factores de conflictividad socio-ambiental más importantes de la región, por lo que este modelo debería revisarse”, afirmó.

En ese sentido, el abogado advirtió que los gobiernos latinoamericanos deberían preguntarse cuál debe ser la forma de que estas compañías puedan desarrollar sus proyectos sin afectar los sistemas hídricos y las poblaciones circundantes, descartando lo que denominó como “Estrategias erróneas de desarrollo”, las que calificó como desarrollo  a través de negocios cortoplacistas que sólo desgastarían el ecosistema.

Y si bien las sentencias del Tribunal Latinoamericano del Agua no son vinculantes, el presidente del organismo afirmó que en el mundo no hay ninguna instancia que obligue a los países a tomar medidas desde el punto de vista ambiental. Por lo mismo, el experto indicó que es importante advertir y exhortar a los gobiernos sobre los riesgos que implica no asegurar estabilidad hídrica a sus naciones.

Por esa razón, Bogantes afirmó que el tribunal está intentando implementar una serie de convenios internacionales y tratados que buscan establecer principios no sólo comerciales o de desarrollo productivo, sino que filosóficos y jurídicos que existen y han surgido en encuentros entre los gobiernos y la sociedad civil, pero que no se aplican ni se cumplen.