La próxima semana se debería poner en tabla la petición realizada por diputados de oposición, para conformar una comisión investigadora por el caso sobreprecios.
Sin embargo, la solicitud no es apoyada por la bancada parlamentaria del Partido Socialista, que acordó privilegiar la vía judicial por sobre el trabajo indagatorio del Congreso.
Así lo informó el jefe de los legisladores socialistas, diputado Marcelo Schilling, quien afirmó que la petición no contará con los votos de su colectividad “en beneficio de mejorar el clima político del país”, según expresó.
Una decisión que en el Partido Radical “respetan pero no comparten”, según afirmó el diputado Marcos Espinoza.
“Hay una situación que está pendiente en la investigación. Nosotros como diputados y fiscalizadores no podemos cercenarnos ni tampoco inhibirnos de la posibilidad de establecer una comisión investigadora para ver hasta qué punto existen responsabilidades políticas en el tema de los sobreprecios”, dijo.
Por su parte, el congresista democratacristiano Fuad Chahín sostuvo que la investigación del Ministerio Público y una posible indagatoria de la Cámara de Diputados son “absolutamente compatibles”.
El parlamentario precisó que el traslado de Rodrigo Hinzpeter, desde el Ministerio del Interior a Defensa, no puede evitar que se indaguen las responsabilidades políticas por el polémico proceso de licitación de equipos antidrogas.
“Aquí se había acordado una interpelación, pero debido al enroque en el gabinete se elude este mecanismo que habíamos considerado como el más apropiado. Sin embargo, eso no puede significar que nosotros denunciamos y apliquemos nuestras facultades fiscalizadoras. Lo que tenemos que hacer es crear esta comisión investigadora y nos parece una mala noticia que las bancadas del partido socialista sean un obstáculo en esta iniciativa del resto de la Concertación”, comentó el legislador.
Esta postura fue reforzada por la diputada del PPD Ximena Vidal, quien añadió que la comisión investigadora faculta a la Cámara para sancionar al ministro, independiente de la cartera que dirija.
“Nuestra figura de interpelación, tal como está la ley, no nos permite perseguir a ministros en otros espacios. Por lo tanto, la comisión investigadora es nuestra herramienta para poder seguir las responsabilidades. No queremos que la responsabilidad de Hinzpeter quede impune”, indicó.
Desde la bancada socialista, el diputado Alfonso de Urresti desestimó las críticas, afirmando que la labor de la Fiscalía es conducente a las posibles sanciones políticas.
El legislador puso en duda, además, el compromiso de los parlamentarios que impulsan la comisión investigadora, señalando que “son muy pocos los que concurren a hacer efectiva la labor fiscalizadora”.
“Si hay responsabilidad penal de la línea de mando de la subsecretaría, obviamente se va a hacer efectiva la responsabilidad política. Creemos que hay que ser eficiente y eficaz en los mecanismos de fiscalización que utilizamos y no tener un voluntarismo que no llegue a los fines que deseamos”, sentenció.
Desde las bancadas de la DC y el Partido Radical recordaron que el caso La Polar se pesquisó desde distintos frentes, el judicial, con un proceso abierto que ha tenido detenidos y procesados; el civil, con demandas y compensaciones y el legislativo, con una comisión investigadora que provocó la salida de Carlos Budnevich desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
La próxima semana se debería poner en tabla la petición realizada por diputados de oposición, para conformar una comisión investigadora por el caso sobreprecios.
Sin embargo, la solicitud no es apoyada por la bancada parlamentaria del Partido Socialista, que acordó privilegiar la vía judicial por sobre el trabajo indagatorio del Congreso.
Así lo informó el jefe de los legisladores socialistas, diputado Marcelo Schilling, quien afirmó que la petición no contará con los votos de su colectividad “en beneficio de mejorar el clima político del país”, según expresó.
Una decisión que en el Partido Radical “respetan pero no comparten”, según afirmó el diputado Marcos Espinoza.
“Hay una situación que está pendiente en la investigación. Nosotros como diputados y fiscalizadores no podemos cercenarnos ni tampoco inhibirnos de la posibilidad de establecer una comisión investigadora para ver hasta qué punto existen responsabilidades políticas en el tema de los sobreprecios”, dijo.
Por su parte, el congresista democratacristiano Fuad Chahín sostuvo que la investigación del Ministerio Público y una posible indagatoria de la Cámara de Diputados son “absolutamente compatibles”.
El parlamentario precisó que el traslado de Rodrigo Hinzpeter, desde el Ministerio del Interior a Defensa, no puede evitar que se indaguen las responsabilidades políticas por el polémico proceso de licitación de equipos antidrogas.
“Aquí se había acordado una interpelación, pero debido al enroque en el gabinete se elude este mecanismo que habíamos considerado como el más apropiado. Sin embargo, eso no puede significar que nosotros denunciamos y apliquemos nuestras facultades fiscalizadoras. Lo que tenemos que hacer es crear esta comisión investigadora y nos parece una mala noticia que las bancadas del partido socialista sean un obstáculo en esta iniciativa del resto de la Concertación”, comentó el legislador.
Esta postura fue reforzada por la diputada del PPD Ximena Vidal, quien añadió que la comisión investigadora faculta a la Cámara para sancionar al ministro, independiente de la cartera que dirija.
“Nuestra figura de interpelación, tal como está la ley, no nos permite perseguir a ministros en otros espacios. Por lo tanto, la comisión investigadora es nuestra herramienta para poder seguir las responsabilidades. No queremos que la responsabilidad de Hinzpeter quede impune”, indicó.
Desde la bancada socialista, el diputado Alfonso de Urresti desestimó las críticas, afirmando que la labor de la Fiscalía es conducente a las posibles sanciones políticas.
El legislador puso en duda, además, el compromiso de los parlamentarios que impulsan la comisión investigadora, señalando que “son muy pocos los que concurren a hacer efectiva la labor fiscalizadora”.
“Si hay responsabilidad penal de la línea de mando de la subsecretaría, obviamente se va a hacer efectiva la responsabilidad política. Creemos que hay que ser eficiente y eficaz en los mecanismos de fiscalización que utilizamos y no tener un voluntarismo que no llegue a los fines que deseamos”, sentenció.
Desde las bancadas de la DC y el Partido Radical recordaron que el caso La Polar se pesquisó desde distintos frentes, el judicial, con un proceso abierto que ha tenido detenidos y procesados; el civil, con demandas y compensaciones y el legislativo, con una comisión investigadora que provocó la salida de Carlos Budnevich desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
La próxima semana se debería poner en tabla la petición realizada por diputados de oposición, para conformar una comisión investigadora por el caso sobreprecios.
Sin embargo, la solicitud no es apoyada por la bancada parlamentaria del Partido Socialista, que acordó privilegiar la vía judicial por sobre el trabajo indagatorio del Congreso.
Así lo informó el jefe de los legisladores socialistas, diputado Marcelo Schilling, quien afirmó que la petición no contará con los votos de su colectividad “en beneficio de mejorar el clima político del país”, según expresó.
Una decisión que en el Partido Radical “respetan pero no comparten”, según afirmó el diputado Marcos Espinoza.
“Hay una situación que está pendiente en la investigación. Nosotros como diputados y fiscalizadores no podemos cercenarnos ni tampoco inhibirnos de la posibilidad de establecer una comisión investigadora para ver hasta qué punto existen responsabilidades políticas en el tema de los sobreprecios”, dijo.
Por su parte, el congresista democratacristiano Fuad Chahín sostuvo que la investigación del Ministerio Público y una posible indagatoria de la Cámara de Diputados son “absolutamente compatibles”.
El parlamentario precisó que el traslado de Rodrigo Hinzpeter, desde el Ministerio del Interior a Defensa, no puede evitar que se indaguen las responsabilidades políticas por el polémico proceso de licitación de equipos antidrogas.
“Aquí se había acordado una interpelación, pero debido al enroque en el gabinete se elude este mecanismo que habíamos considerado como el más apropiado. Sin embargo, eso no puede significar que nosotros denunciamos y apliquemos nuestras facultades fiscalizadoras. Lo que tenemos que hacer es crear esta comisión investigadora y nos parece una mala noticia que las bancadas del partido socialista sean un obstáculo en esta iniciativa del resto de la Concertación”, comentó el legislador.
Esta postura fue reforzada por la diputada del PPD Ximena Vidal, quien añadió que la comisión investigadora faculta a la Cámara para sancionar al ministro, independiente de la cartera que dirija.
“Nuestra figura de interpelación, tal como está la ley, no nos permite perseguir a ministros en otros espacios. Por lo tanto, la comisión investigadora es nuestra herramienta para poder seguir las responsabilidades. No queremos que la responsabilidad de Hinzpeter quede impune”, indicó.
Desde la bancada socialista, el diputado Alfonso de Urresti desestimó las críticas, afirmando que la labor de la Fiscalía es conducente a las posibles sanciones políticas.
El legislador puso en duda, además, el compromiso de los parlamentarios que impulsan la comisión investigadora, señalando que “son muy pocos los que concurren a hacer efectiva la labor fiscalizadora”.
“Si hay responsabilidad penal de la línea de mando de la subsecretaría, obviamente se va a hacer efectiva la responsabilidad política. Creemos que hay que ser eficiente y eficaz en los mecanismos de fiscalización que utilizamos y no tener un voluntarismo que no llegue a los fines que deseamos”, sentenció.
Desde las bancadas de la DC y el Partido Radical recordaron que el caso La Polar se pesquisó desde distintos frentes, el judicial, con un proceso abierto que ha tenido detenidos y procesados; el civil, con demandas y compensaciones y el legislativo, con una comisión investigadora que provocó la salida de Carlos Budnevich desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
