La filtración de un documento del ministerio de Educación que anticipa el cierre de la Universidad del Mar, causó polémica no solo al interior del plantel, sino también en el Consejo Nacional de Educación (CNDE), pues se trata de información que por ley debe ser confidencial hasta que el organismo no entregue su resolución sobre el futuro de la casa de estudios.
Según la Ley General de Educación en su artículo 64, “será responsabilidad del ministerio velar por el adecuado resguardo de la información acerca de los procesos iniciados en virtud de este artículo hasta que se haya dictado la resolución definitiva y no queden recursos pendientes por parte de la entidad afectada”.
En ese sentido, la Secretaria Ejecutiva del CNDE, Daniela Torres, manifestó a Radio Universidad de Chile que la noticia filtrada en algunos medios también fue recibida con sorpresa por el organismo autónomo al Mineduc, “ya que existe un grado de reserva que está establecido en la ley” para ese tipo de decisiones, propuestas o alternativas.
“Nosotros recibimos el informe con una indicación del ministro de guardar reserva, que además está establecida en la ley, y eso hemos hecho, pero aquí ha habido problemas porque se ha generado información que a veces es errada”, indicó la Secretaria Ejecutiva del CNDE.
No obstante, el ministro Beyer defendió la decisión del ministerio de pedir el cierre de la universidad, indicando que “tenemos el convencimiento que corresponde la cancelación de la personalidad jurídica de esta institución, debido a infracciones graves de sus estatutos”, por lo que detalló que ahora corresponde que el CNDE analice los argumentos, tanto del Mineduc como de la Universidad del Mar, para dirimir si se acoge o no la solicitud de cierre.
Respecto al plazo de hasta seis meses que tiene el organismo para pronunciarse, Daniela Torres aclaró que éste se puede extender, ya que “la ley no regula cómo llevar a cabo todo el procedimiento, por lo que se utilizan como referencias otras leyes que norman los procesos de administración del Estado y, en este sentido, no hay un plazo tan categórico. Aquí hay muchas fuentes de información, algunas veraces y otras no. En algunos medios salen unas cosas, en otros salen otras. Eventualmente podríamos solicitar más información y nos podríamos demorar un poco más”, explic.
La Universidad del Mar se fundó el 31 de mayo de 1989 con once carreras; el 2002 recién logró su autonomía, y el 2010, finalmente, obtuvo la acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Actualmente el proceso se encuentra cuestionado, debido a que Eugenio Díaz realizó una millonaria asesoría a la casa de estudios mientras se desarrollaba este proceso y él presidía el CNA, por lo que el ex comisionado está siendo investigado por cohecho y negociación incompatible en la Contraloría y la Fiscalía Oriente.
Este incidente, además de evidenciar un notorio conflicto de interés, terminó con los intentos infructuosos de la universidad por lograr su acreditación, ya que en 2005, 2007 y 2008 la solicitud fue rechazada por el organismo, entre otras cosas, por carecer de “seguridad”, tanto para los estudiantes y las familias que pagan la mensualidad, como para el Estado; así como por presentar desiguales índices de calidad en sus diferentes sedes a lo largo del país.
En esa línea, la Secretaria Ejecutiva del CNDE señaló que “este caso adopta mucha relevancia, ya que además de los anuncios del ministro Beyer, se suma a que seis años antes de la validación, la Universidad del Mar había sido amonestada por el consejo, para que mejorara su gestión administrativa”.
“Este es el primer proceso que podría conducir al cierre de una institución autónoma y eso hace que haya muchas expectativas, no solo en la comunidad directamente afectada, sino que en el sistema de Educación Superior en general. En 2004 también hubo un proceso de investigación a algunas universidades dentro de las cuales estaba la Universidad del Mar y ahí se emitió un informe. Dado que se trataba de una institución autónoma, que se supone tiene ciertas capacidades para auto regularse, se solicitó que autoregulara su oferta, la gestión que estaba desarrollando y la calidad de la docencia, cosa que no fue tal”, sostuvo Daniela Torres.
Actualmente, el plantel además enfrenta diversos procesos judiciales, los que se traducen en una demanda colectiva que interpuso el Sernac para defender los derechos de los estudiantes como consumidores e investigaciones por irregularidades en el Ministerio Público y en la Contraloría. Debido a la filtración del documento del Mineduc, la Asociación de Docentes de la universidad también interpuso una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, para buscar a los responsables del delito de violación de secreto.
El cuerpo universitario se reunión con Daniela Torres, señalándole que exigirán al Mineduc el informe enviado al CNDE, para estar al tanto de los argumentos que tiene la cartera de Estado para solicitar el cierre de la institución, a lo que la Secretaría respondió que “también tendrán su derecho a réplica”.
