Continúan sumándose antecedentes a la investigación por eventuales sobornos desde entidades de educación superior hacia la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que este fin de semana terminó con la detención del ex titular de la CNA, Eugenio Díaz y dos ex rectores: Héctor Zuñiga de la Universidad del Mar y Angel Maulén de Universidad Pedro de Valdivia.

Un informe de la Contraloría General de la República revelado este lunes establece una serie de irregularidades al interior de la CNA como  la falta de un manual de procedimientos internos y el riesgo de posibles conflictos de interés entre las agencias acreditadoras y los miembros de directorios de instituciones de educación.

“Algunos de los integrantes son representantes de las propias entidades involucradas en los procesos de acreditación, de las cuales se puede aludir al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; al Sector Productivo Nacional; las Asociaciones Disciplinarias o Profesionales; las Universidades Privadas; los Centros de Formación Técnica; los Institutos Profesionales; la CONICYT; y las Federaciones de Estudiantes”, indica el texto.

En esa línea, el organismo fiscalizador advierte que  “las aludidas entidades, además, en la práctica son las mismas que nominan a los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, sin que exista un marco normativo que establezca limitaciones, condiciones y procedimientos sobre la materia”.

El texto hace mención al mismo Eugenio Díaz para ejemplificar estas irregularidades. Otras de las fallas detectadas se relacionan con la falta de seguimiento a las acreditaciones y con la modalidad de las “acreditaciones extendidas”.  Según indicó la entidad, las universidades e institutos “podían seguir con la calidad de acreditados siempre y cuando ingresara la solicitud de renovación antes del vencimiento del período de acreditación. Se determinó la existencia de 31 contratos de este tipo que se mantienen en calidad de acreditados sin que hayan sido sometidos al trámite previo de evaluación”.

La fiscalización señala que esto  “no permite resguardar la calidad de los programas de educación superior, puesto que continúan como acreditados programas que en la práctica no han sido evaluados”.

Respecto de los 34 contratos que hay entre la CNA y los planteles sobre las acreditaciones extendidas el informe subraya que “no ha efectuado los mencionados procesos de evaluación a fin de conceder la calidad de institución acreditada, sin embargo, ha recibido los pagos por tales funciones”.

Querella CDE

En tanto, este lunes el ministro de Educación, Harald Beyer, acudió al Consejo de Defensa del Estado, organismo que accedió extender la querella en relación a los supuestos ilícitos que involucran a la Comisión de Acreditaciones.

El secretario de Estado explicó que esta reunión “era de coordinación, porque hay una serie de antecedentes que maneja la fiscalía y a la que nosotros no tenemos acceso y que podría ser muy útil para el trabajo del Mineduc”.

El titular de Educación aseguró además que su ministerio no tiene la potestad para sancionar las irregularidades presentadas. “Hay dos cosas distintas, y una es la infracción de los estatutos y en esas causales está el lucro y por eso tenemos una universidad a la que le pedimos la cancelación de la personalidad jurídica. Pero acá s se está investigando cohecho y eso debe investigarlo la justicia”.

Beyer añadió que “nosotros ya estábamos investigando a la Universidad del Mar y también a otras, pero lo que importa es recoger las pruebas y lo que nos corresponde a nosotros es pedir la cancelación de la personalidad jurídica. La única alternativa cuando hay faltas contundentes es pedir la cancelación de la personalidad jurídica. Nunca se había fiscalizado tanto como se está haciendo en este período”.

Preocupación estudiantil

Mientras, los estudiantes de diversas casas de estudio están inquietos frente al escenario que se configura en sus respectivas casas de estudios.

Al interior de la Universidad Pedro de Valdivia, los jóvenes están reunidos para definir la forma en que van a enfrentar un conflicto que, aseguran, “se veía venir” y que “los perjudica directamente”.

Andrés Rojas, presidente de la Federación de Estudiantes de Antofagasta, valoró las palabras del ministro pero indicó que el gesto es “insuficiente”.

“Es una señal que el ministro Beyer haya dicho que caiga quien tenga que caer, pero aquí hay un problema de fondo que es el sistema educacional. Aquí fallan las instituciones privadas y estatales. Necesitamos que el secretario de Estado tome acciones y no sólo le tire la pelota a la justicia”, sentenció el dirigente.

El mayor temor de los estudiantes es que estas irregularidades se terminen judicializando y que nadie se haga cargo de su situación.

Sobre esto se refirió Patricio Basso, Ex secretario ejecutivo de la CNA, para quien, es el Estado el que debe hacerse cargo de los jóvenes afectados por el desprestigio que implica estudiar en una universidad que obtuvo su certificación con engaños.

Basso añadió que en su administración se denunciaron estas posibles irregularidades, que no se investigaron, y que fue responsabilidad de la actual administración no nombrar un nuevo director en los plazos correspondientes, permitiendo así la continuidad de Eugenio Díaz.

Además, criticó la solución que hoy plantean las autoridades de enviar un proyecto de ley al Congreso para regular la situación.

“Yo creo que eso demuestra que el ministro Beyer haría bien en volver a un centro de estudio porque no entiende los tiempos de la política. Una ley de esta naturaleza demoraría entre dos a tres años en ser promulgada. No es posible que el sistema de educación superior resista tres años con una CNA en las circunstancias en la que se encuentra. Lo urgente es generar cambios inmediatos para evitar situaciones como las que han sucedido”, dijo Basso.

Por su parte, el ex presidente de la CNA, Iñigo Díaz, señaló que todos los organismos, la CNA, el ministerio e incluso muchos parlamentarios están de acuerdo en que se debe modificar la ley 20.192 que regula el aseguramiento de la calidad de la educación, ya que presenta una serie de deficiencias que hay que corregir.

Sin embargo indicó que el camino legislativo es muy largo, por lo que en el mes de junio presentaron una propuesta al gobierno de una ley corta con suma urgencia que permita solucionar temas relevantes como la acreditación obligatoria, establecer estándares mínimos para la acreditación institucional y modificar la conformación de la comisión para evitar estos conflictos de interés. No obstante, el Ministro Beyer señaló que esa no era la vía adecuada.

“Yo tengo la impresión de que aquí hay un problema de  oportunidades y urgencias que no se están utilizando adecuadamente”, finalizó el ex rector de la CNA.