La Contraloría General de la República informó a Carabineros que el cabo segundo Walter Ramírez no tiene que ser dado de baja por obligación, pese a haber sido condenado como autor del homicidio de Matías Catrileo, el 3 de enero de 2008, en la comuna de Vilcún.

Ramírez fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada por la Corte Marcial, debido al uso de violencia innecesaria con resultado de muerte; sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema.

Sin embargo, el dictamen emitido por Contraloría y que ya está en poder de Carabineros, sostiene que “Ramírez, si bien fue condenado por un crimen, se le concedió la libertad vigilada, beneficio establecido en la ley N° 18.216 que le permite continuar prestando servicios a la institución”.

Resolución que fue rechazada por  Catalina Catrileo, hermana del estudiante. “No hay castigo por el asesinato de Matías. Esto corrobora, una vez más, que en estos momentos Carabineros de Chile tiene todo el aval del Estado, legislativo y de la justicia para actuar y reprimir al pueblo mapuche y a las comunidades que están en  proceso de recuperación. Hay chipe libre para que disparen a diestra y siniestra y si hieren a algún mapuche, esto no tiene ninguna sanción para ello”, protestó.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Andrés Chadwick sostuvo que no esperaban el dictamen emitido por Contraloría y que lo reestudiarán, sin embargo el secretario de Estado indicó que lo respetarán.

“Carabineros lo había dado de baja. Dentro de las penas accesorias está la inhabilidad para ejercer cargos públicos porque la voluntad y la decisión que expresó Carabineros era que él no continuara en las filas por la condena que había recibido. Ante este tipo de decisiones de Contraloría,  Carabineros y cualquier autoridad administrativa no tiene más que respetar. Es una interpretación que queremos estudiar bien a fondo porque, de alguna manera, no la esperábamos”, dijo Chadwick.

En tanto, Gaspar Calderón, abogado del carabinero que mató al estudiante en el marco de la toma del fundo Santa Margarita, en la comuna de Vilcún, criticó al Gobierno por la labor que ha desempeñado para solucionar el conflicto en La Araucanía.

“Yo logro distinguir claramente que existe también el respaldo por haber optado por su permanencia en Carabineros a lo que tiene que cumplir un funcionario. Estamos hablando de un efectivo que precisamente cumplió su obligación y su deber en la medida en que la superioridad se lo pedía. Yo creo que el gobierno no tiene que meter más la mano en esto porque les han faltado pantalones para enfrentar el tema mapuche”, sentenció.

Finalmente, el contralor general, Ramiro Mendoza, señaló que “desde el 2007 las personas que han sido beneficiadas por la ley 18.216, sobre el cumplimiento de la condena con penas alternativas, como la libertad vigilada, por lo que la Contraloría ha interpretado que ese beneficio se le expande a las condiciones de habilidad o inhabilidad administrativa que la condena establezca”.

En el oficio entregado, Mendoza detalló finalmente que “ello constituye una materia de exclusiva competencia del Tribunal de Justicia que dictó la sentencia, ante el cual se debe recurrir para que determine el alcance de dicho beneficio respecto de aquella sanción accesoria.