Con la intervención de varios actores relacionados con el tema, durante la semana pasada la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados retomó la discusión sobre el proyecto de ley que suprime el Servicio Nacional de Menores (Sename) y lo divide en un Servicio de Protección de la Infancia y la Adolescencia y un Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente.

La iniciativa, firmada en agosto de 2012 por el Ejecutivo, además plantea que la administración del servicio en el área de protección quedaría en manos del ministerio de Desarrollo Social, mientras en el caso de responsabilidad penal continuaría a cargo del ministerio de Justicia.

La presidenta de los funcionarios del Sename, Delia del Basto, indicó que durante la sesión se planteó a los integrantes de la instancia todos los reparos que los trabajadores mantienen sobre el proyecto, entre las cuales destacó la carencia de una Ley de Protección a la Infancia que sea el pilar de estas modificaciones.

“Todos los que hemos expuesto hemos consensuado en que tiene que haber un Proyecto General de la Infancia que establezca lineamientos de atención de todos los niños y niñas que viven en Chile, no solamente los niños que han sido vulnerados en sus derechos o niños que atienden las instituciones colaboradoras. Y que nos oponemos al a división del Sename, porque no tiene financiamiento y nadie nos  garantiza que el servicio vaya a mejorar con esta división”, explicó la dirigenta.

Del Basto aseguró que los funcionarios están conscientes de que el organismo debe ser reformado, pero que el proyecto que se planteó desde el Gobierno no soluciona los problemas de fondo que afectan hoy al servicio, como la falta de recursos e infraestructura.
En ello coincidió el coordinador del diplomado Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, Osvaldo Torres, quien señaló que la iniciativa “no asegura una nueva institucionalidad que logre conducir, coordinar, orientar presupuestos ni políticas de niños tanto en el sistema proteccional, como en el sistema de justicia juvenil y, en general, cómo se pueden proteger los derechos de niños y niñas. Nos parece que se puso la carreta delante de los bueyes”, aseguró.

Según Torres, el mismo problema afectará al comité de expertos que trabajará sobre una nueva Ley de Responsabilidad penal Adolescente, la que fue anunciada hace pocos días por la nueva ministra de Justicia, Patricia Pérez.

“Que se arme una mesa siempre es positivo, porque permite que voces externas al sector público, que ven de otra manera la forma de protección de niños y adolescentes sean integradas a este debate, pero no sacamos nada con tener una buena propuesta de mejora del sistema de justicia juvenil si en general  no están protegidos los mismos derechos de estos adolescentes”, detalló el también director ejecutivo de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu).

De acuerdo a la titular de Justicia, los expertos que trabajan en torno a la Reforma Procesal Penal plantearon que la Ley de Responsabilidad Adolescente no se planteara en esta modificación, sino como una legislación independiente que comparta “los pilares” del nuevo sistema penal.