Obama había amenazado con vetar la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) precisamente porque renovaba, entre otras cosas, una serie de restricciones impuestas por el Congreso legislativo que, según el propio mandatario, tenían la intención de impedir el cierre de la prisión, usada desde hace 11 años para mantener recluidos a sospechosos de terrorismo.

Sin embargo, por segundo año consecutivo, no cumplió con su amenaza y en cambio sancionó la ley, aprobada por ambas cámaras del Congreso el mes pasado y que autoriza al Departamento de Defensa a gastar 633.000 millones de dólares en sus operaciones militares este año.

“El presidente Obama fracasó totalmente en la primera prueba de su segundo mandato”, opinó el director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ACLU), Anthony Romero. “Puso en riesgo su capacidad de cerrar Guantánamo durante su gobierno”.

“Cientos de hombres que ya han estado detenidos por casi 11 años sin haber sido acusados de ningún delito, incluyendo más de 80 que fueron eximidos, podrían permanecer injustamente encarcelados otro año más”, añadió.

“La administración acusa al Congreso de dificultar el cierre de Guantánamo, pero por segundo año consecutivo el presidente Obama convirtió en ley perjudiciales restricciones”, dijo, por su parte, Andrea Prasow, consejera en antiterrorismo de Human Rights Watch.

“Obama tiene la responsabilidad de demostrar que habla en serio cuando dice que va a cerrar Guantánamo”, indicó.

La sanción presidencial de la ley se produjo en medio de un debate, dentro y fuera del gobierno, sobre cómo y cuándo terminará la llamada “guerra contra el terrorismo”, iniciada por el antecesor de Obama, George W. Bush (2001-2009) luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

El mes pasado, el consejero general del Pentágono, Jeh Johnson, se refirió precisamente a ese tema en un discurso ante la sociedad británica de debate Oxford Union. “Ahora que los esfuerzos de los militares de Estados Unidos contra (la red radical islámica) Al Qaeda cumplen 12 años, debemos preguntarnos: ¿Cómo terminará este conflicto?”, señaló.

Aunque no ofreció ninguna respuesta, sugirió que se habría alcanzado el “punto de inflexión” cuando Washington concluyó que el grupo y sus afiliados se habían vuelto incapaces de lanzar “ataques estratégicos” contra Estados Unidos.

Al asumir el cargo hace cuatro años, además de prometer el cierre de Guantánamo, Obama ordenó poner fin a ciertas prácticas de la “guerra contra el terrorismo”, en especial las torturas aprobadas durante el gobierno de Bush bajo el eufemismo de “técnicas mejoradas de interrogatorio”.

Obama también ordenó el fin de las llamadas “entregas extraordinarias”, práctica mediante la cual sospechosos de terrorismo eran enviados a cárceles secretas en terceros países donde eran torturados.

La campaña de la administración de Obama contra organizaciones terroristas se basó fundamentalmente en ataques con aviones no tripulados contra sospechosos “de alto valor” en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen.

Algunos críticos cuestionaron si esos asesinatos selectivos, que la administración de Bush también realizó aunque con menos frecuencia, estaban más justificados desde el punto de vista moral o legal que los “métodos mejorados de interrogatorio”.

Otros incluso sugirieron que Obama había preferido matar a sospechosos que detenerlos, sobre todo porque ello implicaba enviar más prisioneros a Guantánamo, algo que había prometido no hacer.

La administración intentó justificar en términos generales su estrategia, a la que un creciente número de críticos consideran contraproducente e ilegal según el derecho internacional, pero se niega a detallar las circunstancias particulares en las que se implementa.

Los ataques con aviones no tripulados habrían matado a más de 1.500 personas en Pakistán y a más de 400 en Yemen desde que Obama asumió el cargo, según el Buró de Periodismo de Investigación, con sede en Londres. Entre las víctimas habría una importante cantidad de civiles.

El gobierno de Obama estaría endureciendo las reglas sobre el uso de aviones no tripulados, particularmente por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que ha gozado de gran libertad en decidir a qué sospechosos asesinar.

Especialmente polémico fue el asesinato de Anwar Al Awlaki, ciudadano estadounidense y supuesto líder de Al Qaeda, hace dos años en Yemen.

Una jueza federal en Nueva York concluyó el miércoles 2 que, aunque no podía exigirle al Departamento (ministerio) de Justicia que publicara un memorando interno explicando la justificación legal de la operación, consideraba el asesinato “incompatible con la Constitución y las leyes”.

La ACLU, que había exigido la publicación del memorando invocando la Ley de Libertad de Información, criticó el fallo de la jueza, insistiendo que “el público tiene el derecho de saber más sobre las circunstancias en las cuales el gobierno considera legal matar personas, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, que no se encuentran en ningún campo de batalla y nunca fueron acusados de un crimen”.

El mismo día en que asumió la Presidencia hace cuatro años, Obama ordenó que en el lapso de un año fuera clausurada la prisión en Guantánamo, a la que definió como “un triste capítulo de la historia estadounidense”.

También ordenó revisar los casos de aproximadamente 250 detenidos que aún se encontraban allí (cuando fue abierta en enero de 2002 había unos 800) para determinar si podían ser juzgados en suelo estadounidense o debían ser liberados.

En 2010, un grupo de tareas del gobierno recomendó deportar a 126 detenidos a sus respectivos países o a una tercera nación, juzgar a otros 36 en tribunales federales o comisiones militares (duramente criticadas por su falta de garantías del debido proceso) y mantener en prisión a otros 48 en forma indefinida, dependiendo de si sus supuestos grupos terroristas cesaban las hostilidades.

Algunos efectivamente fueron repatriados. Hoy permanecen en Guantánamo 166 prisioneros.

Pero los planes de Obama encontraron una fuerte resistencia en el Congreso, particularmente de legisladores que se opusieron vehementemente a la transferencia de sospechosos de terrorismo a suelo estadounidenses para ser juzgados o enviados a prisión.

En 2011, el Congreso enmendó leyes de defensa claves, imponiendo restricciones a la repatriación de detenidos y prohibiendo su traslado a suelo estadounidense para cualquier propósito, a pesar de que el costo anual de mantener a un sospechoso de terrorismo en Guantánamo se estima en 800.000 dólares.

Obama no ha aprovechado su poder de veto para impedir este tipo de restricciones incluidas en diversas leyes, como la NDAA.

“No es alentador que el presidente siga dispuesto a atarse las manos a sí mismo cuando se trata de cerrar Guantánamo”, dijo Dixon Osborn, de la organización Human Rights First.

“La injusticia de Guantánamo sigue siendo una mancha en el liderazgo mundial estadounidense en materia de derechos humanos”, lamentó.