El Tribunal Constitucional recibió 18 audiencias públicas el pasado miércoles 9 de enero, donde distintas organizaciones pudieron exponer su postura ante los dos recursos de inconstitucionalidad, que el Senado como la Cámara emitieron contra la Ley de Pesca.
Representantes de la pesca industrial, organizaciones que agrupan a pescadores artesanales y pequeñas empresas, además de dos parlamentarios, fueron pasando ante los ministros de la Magistratura que deberán emitir un veredicto respecto a las falencias denunciadas.
Alberto Irarrázaval, gerente de la asociación gremial que agrupa a pequeñas y medianas empresas pesqueras, Pymepes, apuntó que la cuota de pesca de 1% a pescadores artesanales es un porcentaje ínfimo, y también subraya en otros recursos desde la Subsecretaría de Pesca, que diezman aún más esta mínima participación en el mercado.
“Esta ley consagra chilenos de primera y segunda categoría, esta discriminación no se justifica, por lo tanto es inconstitucional. Este tribunal tiene misión determinar la historia de la pesca en Chile. Lo que no fue capaz de hacer el Gobierno, que no fue capaz de hacer el Congreso, hoy está en manos del TC. Ellos deberán decir al país si esta ley vulnera la Constitución o si entregar recursos de todos no constituye una violación a la Constitución. Si ellos determinan eso, necesitamos una nueva Constitución, esto no puede seguir, esto no da para más”, declaró.
El directivo de Pymepes apuntó que estos porcentajes comprometen la permanencia de la pesca artesanal, con casos como la región de Coquimbo, donde muchas empresas quedaron sin asignación en captura de crustáceos.
Otro punto importante es la impugnación del Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado chileno, el que exige consulta obligatoria a los pueblos indígenas, en este caso, mapuches y lafkenches. El propio alcalde de Tirúa y líder de la Comunidad Lafkenche, Adolfo Millabur, fue uno de los oradores en estas audiencias públicas.
No obstante, sectores como la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales, Confepach, rechazan este recurso. Su presidente, Hugo Arancibia, apunta que los pueblos aludidos no contemplan la pesca como actividad habitual: “El convenio 169 establece la consulta cuando proceda a los pueblos. En este caso corresponde una fórmula que permita determinar cómo se establecen los derechos pesqueros. La relación del mundo indígena tiene muchos vacíos, porque nunca han ejercido (la pesca), de tal manera que no tienen posibilidad de acceder a derechos o ser consultados en aquello”.
Esto fue refutado por el senador Eugenio Tuma, quien criticó los argumentos de antigüedad para entregar amplios porcentajes de cuota a industrias pesqueras, sin considerar pueblos aborígenes, lo que exige que el documento vuelva a ser discutido en el Congreso.
Tuma indicó que “todo el proyecto está basado en un fundamento de derechos históricos, donde reconoce a estas empresas, pero no al pueblo mapuche y lafkenche, que están antes de la formación del Estado. Es una discriminación arbitraria que debería corregir el TC, y así volver esto al Congreso para que el Ejecutivo y el Legislativo hagan las correcciones correspondientes a la legislación”.
Con esto, el documento de modificación de Ley General de Pesca y Acuicultura queda congelado, a la espera si el Tribunal Constitucional da curso a los recursos que buscan evitar su promulgación.
El Tribunal Constitucional recibió 18 audiencias públicas el pasado miércoles 9 de enero, donde distintas organizaciones pudieron exponer su postura ante los dos recursos de inconstitucionalidad, que el Senado como la Cámara emitieron contra la Ley de Pesca.
Representantes de la pesca industrial, organizaciones que agrupan a pescadores artesanales y pequeñas empresas, además de dos parlamentarios, fueron pasando ante los ministros de la Magistratura que deberán emitir un veredicto respecto a las falencias denunciadas.
Alberto Irarrázaval, gerente de la asociación gremial que agrupa a pequeñas y medianas empresas pesqueras, Pymepes, apuntó que la cuota de pesca de 1% a pescadores artesanales es un porcentaje ínfimo, y también subraya en otros recursos desde la Subsecretaría de Pesca, que diezman aún más esta mínima participación en el mercado.
“Esta ley consagra chilenos de primera y segunda categoría, esta discriminación no se justifica, por lo tanto es inconstitucional. Este tribunal tiene misión determinar la historia de la pesca en Chile. Lo que no fue capaz de hacer el Gobierno, que no fue capaz de hacer el Congreso, hoy está en manos del TC. Ellos deberán decir al país si esta ley vulnera la Constitución o si entregar recursos de todos no constituye una violación a la Constitución. Si ellos determinan eso, necesitamos una nueva Constitución, esto no puede seguir, esto no da para más”, declaró.
El directivo de Pymepes apuntó que estos porcentajes comprometen la permanencia de la pesca artesanal, con casos como la región de Coquimbo, donde muchas empresas quedaron sin asignación en captura de crustáceos.
Otro punto importante es la impugnación del Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado chileno, el que exige consulta obligatoria a los pueblos indígenas, en este caso, mapuches y lafkenches. El propio alcalde de Tirúa y líder de la Comunidad Lafkenche, Adolfo Millabur, fue uno de los oradores en estas audiencias públicas.
No obstante, sectores como la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales, Confepach, rechazan este recurso. Su presidente, Hugo Arancibia, apunta que los pueblos aludidos no contemplan la pesca como actividad habitual: “El convenio 169 establece la consulta cuando proceda a los pueblos. En este caso corresponde una fórmula que permita determinar cómo se establecen los derechos pesqueros. La relación del mundo indígena tiene muchos vacíos, porque nunca han ejercido (la pesca), de tal manera que no tienen posibilidad de acceder a derechos o ser consultados en aquello”.
Esto fue refutado por el senador Eugenio Tuma, quien criticó los argumentos de antigüedad para entregar amplios porcentajes de cuota a industrias pesqueras, sin considerar pueblos aborígenes, lo que exige que el documento vuelva a ser discutido en el Congreso.
Tuma indicó que “todo el proyecto está basado en un fundamento de derechos históricos, donde reconoce a estas empresas, pero no al pueblo mapuche y lafkenche, que están antes de la formación del Estado. Es una discriminación arbitraria que debería corregir el TC, y así volver esto al Congreso para que el Ejecutivo y el Legislativo hagan las correcciones correspondientes a la legislación”.
Con esto, el documento de modificación de Ley General de Pesca y Acuicultura queda congelado, a la espera si el Tribunal Constitucional da curso a los recursos que buscan evitar su promulgación.
El Tribunal Constitucional recibió 18 audiencias públicas el pasado miércoles 9 de enero, donde distintas organizaciones pudieron exponer su postura ante los dos recursos de inconstitucionalidad, que el Senado como la Cámara emitieron contra la Ley de Pesca.
Representantes de la pesca industrial, organizaciones que agrupan a pescadores artesanales y pequeñas empresas, además de dos parlamentarios, fueron pasando ante los ministros de la Magistratura que deberán emitir un veredicto respecto a las falencias denunciadas.
Alberto Irarrázaval, gerente de la asociación gremial que agrupa a pequeñas y medianas empresas pesqueras, Pymepes, apuntó que la cuota de pesca de 1% a pescadores artesanales es un porcentaje ínfimo, y también subraya en otros recursos desde la Subsecretaría de Pesca, que diezman aún más esta mínima participación en el mercado.
“Esta ley consagra chilenos de primera y segunda categoría, esta discriminación no se justifica, por lo tanto es inconstitucional. Este tribunal tiene misión determinar la historia de la pesca en Chile. Lo que no fue capaz de hacer el Gobierno, que no fue capaz de hacer el Congreso, hoy está en manos del TC. Ellos deberán decir al país si esta ley vulnera la Constitución o si entregar recursos de todos no constituye una violación a la Constitución. Si ellos determinan eso, necesitamos una nueva Constitución, esto no puede seguir, esto no da para más”, declaró.
El directivo de Pymepes apuntó que estos porcentajes comprometen la permanencia de la pesca artesanal, con casos como la región de Coquimbo, donde muchas empresas quedaron sin asignación en captura de crustáceos.
Otro punto importante es la impugnación del Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado chileno, el que exige consulta obligatoria a los pueblos indígenas, en este caso, mapuches y lafkenches. El propio alcalde de Tirúa y líder de la Comunidad Lafkenche, Adolfo Millabur, fue uno de los oradores en estas audiencias públicas.
No obstante, sectores como la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales, Confepach, rechazan este recurso. Su presidente, Hugo Arancibia, apunta que los pueblos aludidos no contemplan la pesca como actividad habitual: “El convenio 169 establece la consulta cuando proceda a los pueblos. En este caso corresponde una fórmula que permita determinar cómo se establecen los derechos pesqueros. La relación del mundo indígena tiene muchos vacíos, porque nunca han ejercido (la pesca), de tal manera que no tienen posibilidad de acceder a derechos o ser consultados en aquello”.
Esto fue refutado por el senador Eugenio Tuma, quien criticó los argumentos de antigüedad para entregar amplios porcentajes de cuota a industrias pesqueras, sin considerar pueblos aborígenes, lo que exige que el documento vuelva a ser discutido en el Congreso.
Tuma indicó que “todo el proyecto está basado en un fundamento de derechos históricos, donde reconoce a estas empresas, pero no al pueblo mapuche y lafkenche, que están antes de la formación del Estado. Es una discriminación arbitraria que debería corregir el TC, y así volver esto al Congreso para que el Ejecutivo y el Legislativo hagan las correcciones correspondientes a la legislación”.
Con esto, el documento de modificación de Ley General de Pesca y Acuicultura queda congelado, a la espera si el Tribunal Constitucional da curso a los recursos que buscan evitar su promulgación.
