En la nómina con 22 condenas judiciales figuran empresas mineras, del comercio detallista, universidades, colegios y hasta un sindicato.
Sólo dos de las sancionadas reiteran esta conducta: la Funeraria del Hogar de Cristo Limitada y París Administradora Norte Limitada.
La directora del Trabajo María Cecilia Sánchez, comentó que se registró una importante baja en relación a semestres anteriores.
Entre la lista de empresas o instituciones sancionadas, la encargada del organismo estatal nombró a “la Universidad del Mar, la Congregación de Sagrados Corazones de Jesús de Las Condes y un colegio particular subvencionado; también empresas mineras. No obstante la tendencia es la baja”.
Las multas más altas fueron recibidas por la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca SA y Empresa compañía exploradora y explotadora minera Chilena Rumana.
En total, las multas alcanzan los 61 millones 407 mil 675 pesos, pero según María Cecilia Sánchez, la sanción más grave es que las empresas sancinadas no pueden tener relaciones comerciales con el Estado.
En esa línea, la responsable de la institución fiscalizadora explicó que “fuera de las multas que aplican los tribunales de justicia, que van entre 150 UTM, algunas con diez UTM, hay otra sanción que reza que estas compañías durante los dos años contados desde la sentencia ejecutoriada no pueden contratar con el Estado, o sea, el Estado no puede comprarle a ellos, porque está prohibido por la Ley de Compra”.
Entre las instituciones condenadas, está la Universidad del Mar, debido al no pago de la cuota sindical.
Según el vocero de la Coordinadora deTrabajadores de esa casa de estudios, César Guisado, “a la universidad realmente no le interesa, en este momento, la culpa de una actitud anti sindical, porque después de todo si le sacan una multa, la multa no la van a pagar, Ellos tienen una cantidad importante de dinero en multas que no han pagado, como la deuda en la Tesorería General de la República. Tienen muy poco interés en cancelar esas cosas porque saben que esto se termina”.
Según la Directora del Trabajo, el diálogo es el factor que ha permitido reducir importantemente las condenas por prácticas antisindicales, pero los propios funcionarios de ese órgano fiscalizador han denunciado persecución a los dirigentes sindicales y despidos arbitrarios.
