Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes investigan los posibles delitos de lavado de activos, cohecho y negociación incompatible en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), decidieron ampliar la indagatoria a la responsabilidad penal de las instituciones de educación superior involucradas.

El Ministerio Público extendió la investigación a las personas jurídicas en virtud de la Ley 20.393, que permite pesquisar y sancionar no sólo a las personas naturales que se involucran en lavado de dinero, sino también a las compañías, por no adoptar sistema de prevención de este ilícito.

De esta manera, los fiscales Gajardo y Norambuena instruyeron a la Brigada de Activos de la Policía de Investigaciones para indagar a las universidades del Mar y Pedro de Valdivia y la Sociedad de Gestión Limitada, empresa representada legalmente por Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA que está en prisión preventiva.

El Consejo de Defensa del Estado, por su parte, solicitó a la Fiscalía que amplíe la investigación y oficie a 14 instituciones de educación superior a informar si adoptaron modelos de prevención o no.

Las universidades cuestionadas son las ya mencionadas universidad del Mar y Pedro de Valdivia, además de la universidad Internacional SEK, Única, Bernado O’Higgins, Andrés Bello, Gabriela Mistral, de las Américas y la Autónoma, ligada al ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

También se oficiará a los centros de formación técnica Simón Bolívar, Incacea, Escuela Moderna de Música y los institutos profesionales Arcos y Esucomex.