Expertos ponen paños fríos sobre Reforma Penal: "No solucionará mágicamente la delincuencia"

El Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que establece perfecciones al recientemente reformado Sistema Procesal Penal. El proyecto contempla 36 modificaciones y basa sus ejes en la información de los procesos penales y en la capacitación y coordinación de las policías. No obstante, especialistas se mostraron escépticos sobre el diagnóstico que llevó a tomar las medidas y sus efectos.

El Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que establece perfecciones al recientemente reformado Sistema Procesal Penal. El proyecto contempla 36 modificaciones y basa sus ejes en la información de los procesos penales y en la capacitación y coordinación de las policías. No obstante, especialistas se mostraron escépticos sobre el diagnóstico que llevó a tomar las medidas y sus efectos.

Parafraseando lo que fue su campaña electoral, el Presidente Piñera, junto sus ministros de Justicia y del Interior, prometieron “acabar con la puerta giratoria” y “poner mano dura a los delincuentes”, firmando el proyecto de ley que reforma nuevamente el actual Sistema Procesal Penal, incorporando cuatro ejes “claves” para generar un cambio sustancial en el modelo judicial.

La titular de Justicia, Patricia Pérez, señaló que “las modificaciones amplían la información para las víctimas”.

Asimismo, cuando una causa se archive, se elimina la facultad excluyente de que sea el fiscal quien vise el control de detención y se traspasa dicha atribución al juez de garantía respectivo.

Esta medida, según el Ejecutivo, permitirá eliminar tiempos de espera, lo que eventualmente puede traducirse en la fuga de los detenidos o en la pérdida de material probatorio.

La secretaria de Estado recalcó que “se dispondrán de medidas innovadoras; como el decomiso de la licencia de conducir cuando el juez lo solicite, y no aplicada únicamente a quienes hayan cometido algún delito en automóvil bajo el efecto del alcohol”.

“Para producir cambios se necesita que las instituciones trabajen en equipo. La diferencia con otras modificaciones anteriores es que estaban centradas en aspectos más bien normativos. Artículos más o artículos menos, eso no cambia mucho. Lo que sí cambia es la capacitación y coordinación. La legislación actual contempla que se tomen medidas para proteger a las víctimas, pero no a su patrimonio. Esa es una de las 26 modificaciones que queremos hacer para darle mayor participación a las víctimas, mayores posibilidades de apelar e intervenir y mayor derecho a la información”, explicó Patricia Pérez.

Para la socióloga y experta en Seguridad Ciudadana, Lucía Dammert, las modificaciones apuntan a “necesidades evidentes en el marco del mundo penal”, por lo que valoró la medida en tanto el Gobierno pueda entregar los antecedentes que sirvieron como fundamento a esta nueva reforma.

Asimismo, señaló que “es probable que en los próximos años siga perfeccionándose el sistema” y que “en ningún caso solucionará mágicamente el flagelo de la delincuencia”.

“La duda que me queda respecto de ese tipo de decisiones burocráticas es si realmente han estado basadas en un diagnóstico informado sobre si esos eran los cuellos de botella que generaban problemas en el sistema. De ser así, podrían ser soluciones efectivas para los problemas que eran reconocidos como los más graves en el procedimiento. Es un paso importante, sin embargo, no hay que aumentar las expectativas de la población diciendo que con esto vamos a solucionar el problema de la delincuencia en el país”, afirmó.

Dentro de las pretensiones que este proyecto de ley tiene, se encuentra la ampliación de las medidas cautelares a los detenidos, como la prisión preventiva.

No obstante, Jean Pierre Matus, especialista en Derecho Penal y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, indicó que “el problema de la puerta giratoria no radica en la aplicación de más medidas cautelares, sino que en los beneficios de disminución o formas de cumplir condenas que entrega la legislación actual de forma retroactiva, ampliada por el propio Gobierno de Sebastián Piñera”.

“La principal deficiencia no radica en las reglas de la prisión preventiva, sino en las de la ley 18.216, ahora ampliada por la ley 20.603 de este Gobierno, que permite no imponer penas privativas de libertad. Si la persona eventualmente no ha sufrido una pena en prisión se dice que no hay necesidad de cautela y si esas reglas se cambian y se hacen tan estrictas, lo que va a suceder es que vamos a tener presos sin condenas, que cuando vayan a ser condenados van a salir en libertad y, además, con una pena anticipada”, advirtió.

El proyecto de ley que firmaron el mandatario y los ministros del sector ya fue enviado al Congreso con urgencia simple, por lo que en marzo y luego del receso parlamentario, buscará la aprobación para modificar 36 nuevos aspectos del Código Procesal Penal chileno, vigente desde hace doce años.





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