El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, presentó los primeros resultados de la “Séptima Encuesta Nacional de la Juventud”, elaborada por el INJUV, relativo al aparatado de “Experiencias y percepciones en torno a la discriminación”.

El estudio aplicado a un universo de 8 mil jóvenes de entre 15 a 29 años y a lo largo de las 15 regiones del país, reveló que frente a una eventual elección de vecinos, los más discriminados son el pueblo gitano con un 25 por ciento; seguido por las personas con discapacidad y los homosexuales, con un 22 y 16 por ciento de rechazo, respectivamente.

En ese contexto, el titular de Desarrollo Social valoró la Ley contra la Discriminación, conocida también como Ley Zamudio, aunque recalcó que aún quedan materias pendientes y que “las leyes son papeles muertos cuando no se aplican”.

“Esto tiene que ver con prejuicios: mientras más pobres las personas, mayor sienten que hay discriminación en el colegio, en la universidad, de sus jefes, al buscar trabajo, y esencialmente por la manera de vestir, la clase social y el lugar de residencia. En los currículos del Mineduc es necesario que se incluyan estos temas, pero aún nos falta mucho”, señaló el ministro.

El estudio indicó que las principales causas de discriminación entre la población juvenil se debe a aspectos sociales, como el segmento socioeconómico de donde se proviene, además de factores físicos como el color de piel, apariencia y hasta la forma de vestir; manteniendo los niveles que en 2009 según la encuesta de lINJUV, alcanzaban en promedio un 19 por ciento de rechazo.

Sin embargo, la tendencia comparativa respecto del estudio anterior habla de una consolidación, también en los lugares donde los jóvenes más perciben esta exclusión, los que dicen relación con el trabajo y el acceso a él, pero principalmente en universidades, colegios y escuelas.

Respecto de aquello, Carla De la Fuente, profesora lesbiana que asistió a la actividad con el ministro Lavín, criticó la atemporalidad con que se realiza este estudio, y manifestó la perentoria  y necesaria reforma al modelo y curriculum educativo, para conseguir resultados y los cambios culturales esperados.

“Se hizo con harto rango de tiempo, cuatro años no ayuda a un registro digno para trabajar. Se necesita un cambio educacional, pero la manera no es la correcta, no hay cambio en los planes ni programas del gobierno para educación. Se dice que es necesario un cambio, pero no se hace nada”, indicó.

Gustavo Serrano, presidente de la Fundación Lucha contra la Ceguera, sostuvo que “la responsabilidad permea a los distintos Gobiernos y radica en las políticas públicas discriminatorias, las que si bien definen el problema con este tipo de estudios, no proponen solución ninguna”.

El dirigente planteó además que “somos los que tenemos menor acceso a educación, salud y trabajo. Si soy ciego, tengo discapacidad física o auditiva, no tengo opción de ir a un colegio normal. Los sordos son 50 mil en Chile y sólo se pueden comunicar entre ellos. No cuesta que el Consejo de Acreditación condicione esto a un pleno acceso de discapacitados en sus instalaciones, gestos pequeños con resultados poderosos”.

La Séptima Encuesta Nacional de la Juventud, la cual no se realizaba desde 2009, fue entregada por el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, no obstante los resultados del primer componente publicado: “Experiencias y percepciones en torno a la discriminación”, evidenció nefastas tendencias que se consolidan, y distintas grietas en la elaboración de políticas públicas para contrarrestarlas.