Bolivia anunció este lunes la expropiación de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), filial de las españolas Abertis y Aena, que administra los aeropuertos de El Alto, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
En un acto realizado en Cochabamba y acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, el presidente Evo Morales dijo que la decisión se basa en que la forma no ha hecho las inversiones suficientes para ampliar los terminales aéreos.

“Venimos a emitir este decreto supremo para recuperar una empresa más para el Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo el mandatario, quien cuestionó además los “suelos exorbitantes” que reciben los ejecutivos de la compañía.

El documento establece que todas las acciones de Sabsa serán controladas por el ministerio de Obras Públicas, en representación del Estado boliviano, y que las compañías españolas sean compensadas en los próximos 180 días hábiles, de acuerdo a la tasación de una empresa independiente.

Evo Morales informó además que se desplegarán militares en los tres aeropuertos “para garantizar la continuidad de los servicios”.

La expropiación de Sabsa es la sexta de una firma española en menos de un año. En mayo de 2012, el gobierno altiplánico nacionalizó una filial de Red Eléctrica de España e hizo lo mismo en diciembre con cuatro subsidiarias de la eléctrica Iberdrola, por las que aún no existe compensación.

Sabsa estimó en 33,6 millones de dólares la inversión realizada desde 1997 y en 73 millones de dólares los recursos aportados al Estado por los derechos de operación de los terminales.

Sin embargo, la semana pasada, el ministro Sánchez sostuvo que la compañía desarrolló un plan de inversión hasta 2005. A partir de esa fecha, aseguró, las inversiones “no sobrepasan los seis millones de dólares”.

El Gobierno boliviano esperaba que la empresa hiciera una inversión de 56 millones de dólares y consideraba “insuficientes” los 36 millones ofrecidos por Sabsa para los próximos nueve años, periodo que le restaba de concesión.

“El ministro y los exministros de Obras Públicas negociaron con la empresa para que ellos puedan invertir y estos esfuerzos lamentablemente fueron en vano. No hemos podido entendernos, por eso esta decisión del decreto supremo de nacionalización”, dijo Evo Morales, quien precisó que la decisión no se tomó antes “por razones de carácter de relaciones diplomáticas con algunos países”.

España advierte sobre consecuencias

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, reaccionó de inmediato a la decisión de Bolivia subrayando las implicancias que ésta tendrá en las relaciones entre ambas naciones.

“Es obvio que un movimiento de este tipo, una expropiación saltándose los procedimientos habituales y no respetando el principio de la indemnización requerida en caso de expropiación, tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales”, dijo desde Bruselas.

García-Margallo calificó la nacionalización como un acto “no amistoso” y agregó que se estudiarán “todas las medidas que haya que adoptar, tanto a nivel bilateral, como la posibilidad de reclamar la solidaridad de nuestros socios de la Unión Europea”.