Para el próximo 11 de marzo quedó fijada la audiencia temática en Washington, Estados Unidos, donde el Centro de Derechos Humanos expondrá sobre dos importantes temas: la discriminación estructural y violencia estatal en nuestro país, temas que informaron previamente en un informe anual presentado en noviembre del 2012.

La directora del Centro de Estudios de la UDP, Judith Schonsteiner, apuntó a la discriminación que el 2012 se vio fuertemente manifestada lo ambiental, con la denuncia de diversas comunidades que luchan por la recuperación de sus recursos naturales básicos, como el agua.

Además, indicó que mantienen su preocupación por la discriminación sectorial a afecta a los pueblos indígenas, destacando con esto la falta de justicia de en asesinato de varios de sus dirigentes y la decisión de las autoridades de no modernizar la Justicia Militar. Además de la falta de mecanismos institucionales para generar diálogo con nuestras etnias, así como para impedir la discriminación a nivel general.

La especialista añadió que “ciertamente nos preocupa la correcta implementación del Convenio 169, en el contexto de la implementación también de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 2007, que se deben leer en conjunto en la interpretación del Convenio. Nos preocupa la falta de institucionalidad en la Ley Zamudio, que básicamente no tiene una instancia que pueda promover la no discriminación”.

Judith Schonsteiner apuntó escaso avance que ha mostrado el gobierno en eliminar las desigualdades en la participación de mujeres en política, a la discriminación en materia de derechos sexuales y reproductivos, y el aborto. El informe también se hace cargo desproporcionalidad de las penas entre los delitos de “cuello blanco” y los comunes, citando el bullado caso La Polar.

En relación a la violencia también mostró su preocupación por la falta de protocolos de Carabineros y de las fuerzas públicas, especialmente en manifestaciones ciudadanas. Este no es nuevo para los chilenos, ya que otras organizaciones lo han denunciado. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha estado atenta a la forma en la que los uniformados se enfrentan a los menores de edad, lo que ha generado una fuerte campaña en contra de la creación de leyes que buscan penalizar las protestas.

También, se han formado grupos de voluntarios. Los llamados “Observadores de Derechos Humanos”, que acuden a las marchas con cascos blancos y también han estado instalando estos temas, tal como ha sostenido su vocera, Marta Cisternas: “Estamos hablando de la tortura contra menores, los golpes que hemos visto, la represión indiscriminada de la protesta social, el uso indiscriminado de armas por parte de carabineros, estamos diciendo no a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Hinzpeter. Aquí hay una política orquestada desde el estado de criminalizar la protesta social, lo primero que queremos es que se investigue y se sancione, pero que también haya un cambio en los procedimientos y en la formación de la fuerza policial”.

Así, en dos semanas más se darán a conocer todos estos antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno, a través de un representante oficial, deberá responder a lo que ha sido una de las principales preocupaciones de la ciudadanía durante los años 2011 y 2012.