Siete académicos de distintas universidades nacionales son los encargados de elaborar un nuevo Código Penal, iniciativa mandatada por el Presidente Sebastián Piñera al Ministerio de Justicia y que tuvo como origen una gran cantidad de fallos adversos para el Gobierno.

Los profesores de ciencias penales deberán entregar sus conclusiones en diciembre. Para ello se reunirán todos los jueves del año, donde discutirán un tema previamente informado, el que será votado en el encuentro siguiente. La actualización de delitos y penas, además de la depuración de las diversas regulaciones jurídicas que no están en el actual Código Penal son parte de las tareas primordiales.

Así lo indicó Jorge Bofil, coordinador de la comisión, quien evitó anticipar los contenidos que se abordarán en la instancia. “Un análisis de un código penal parte por cuestiones de principios, por discusiones de lo que se denomina la parte general, por el sistema de penas sin que se esté pensando en asignarle una pena determinada a un delito determinado, de manera que los contenidos de lo que sea la propuesta de la comisión y posteriormente del proyecto del Gobierno van a venir más adelante, cuando las definiciones ya estén más o menos tomadas”, dijo.

La empresa se erige como el desafío más importante de los últimos 10 años en materia de Justicia, según afirmó la ministra del ramo, Patricia Pérez.

Estas palabras tienen asidero al momento de considerar que el actual Código Penal data de 1874, por lo que actualizarlo es una necesidad. Así lo señaló Jean Pierre Matus, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. “Lo que va a suceder es que ciertos delitos que ahora no están se van a tener que entrar a discutir”, explicó Matus.

“Los delitos relativos al medio ambiente, al ámbito financiero, a los engaños en el mundo moderno que no son como las estafas del siglo XIX, a los delitos que tengan que ver con la producción de productos defectuosos, que pongan en peligro a las personas. También se va a tener que incluir como incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código y cómo va a ser compatible el código con la regulación que hay para los menores”, detalló.

Cabe recordar que el origen de esta comisión, al igual que la reforma al Código Procesal Penal, es consecuencia de la molestia del Gobierno con distintos tribunales del país.

El caso bombas y la paralización de proyectos energéticos son algunas de las causas en las que el Ejecutivo acusó un excesivo de “garantismo” de parte de los jueces.

Por ello, Rodrigo Cerda, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados llamó a no “confundir las instituciones que actúan en el sistema procesal penal”.

En este sentido, Cerda especificó que “el legislador tiene que definir cuales son las conductas que va a prohibir y va a sancionar penalmente. Lo que deje de incluir en esas prescripciones no es delito. Hay situaciones complejas que quedan abiertas a la interpretación. Interpretar si algo es o no delito es la labor del juez. Si uno analiza la labor de éste de acuerdo a la constitución es precisamente otorgar garantías a las personas que están siendo juzgadas y a todos los que están interviniendo en el proceso sean víctimas, sean imputados o terceros que se vean afectados”.

El trabajo de esta comisión se materializará en un proyecto de ley, que ingresará al Congreso en enero de 2014. El texto debe ser analizado por ambas Cámaras y revisado y aprobado por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.