Cinco de la tarde del 31 de diciembre del año 2009. En medio de un viaje de la ex Presidenta Michelle Bachelet y bajo la vicepresidencia de Edmundo Pérez Yoma, la ministra de Vivienda y Urbanismo de aquella época, Patricia Poblete, firmó el Decreto Supremo número 68 que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cambiando la normativa que regía, hasta entonces, para el uso de suelo con fines productivos.

Un texto que fue firmado luego de un intenso lobby, develado por cables diplomáticos difundidos por Wikileaks. Las gestiones persuasivas estuvieron a cargo del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Paul Simmons y por la empresa contratada por AES Gener en nuestro país para tales efectos, AZERTA Comunicaciones, que funcionaba bajo la dirección de Cristina Bitar. Ellos se preocuparon de contactarse con ministros de gobierno, buscando viabilizar el proyecto Termoeléctrico Campiche en la zona de Ventanas.

Sin embargo, desde 1993 ese sector había sido catalogado como “saturado de contaminación” debido a la presencia de numerosas industrias, lo que llevó a los gobiernos anteriores a decretar un plan de limpieza en el lugar. Esa intención se vino abajo con la firma del decreto 68, ya que esa resolución permitía el uso de suelos, decretados como zonas de contención anteriormente, para la proliferación de nuevas Centrales.

Esto llevó a que pese a los múltiples recursos judiciales en contra, el proyecto de AES Gener – defendido ante la justicia por el estudio de abogados BMAJ, que integraba, entre otros, el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter –  pudiese seguir su rumbo hasta su entrada en operación hace algunos días.

A juicio de la vocera del Movimiento de Comunidades por el derecho a la vida, Cata Alonso, las empresas multinacionales buscan zonas vulnerables para llevar a cabo sus proyectos.

En esa perspectiva, la dirigenta ciudadana señaló que “buscan lugares de gente pobre, donde puedan presionar y pasar unas lucas. Esto es una vergüenza, cero responsabilidad social.  Están arrasando con todo, el aire, el mar y el cielo. Yo no sé por dónde está el desarrollo porque por un lado están las lucas y por otro lado el desastre ambiental”.

La diputada Andrea Molina, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, calificó como una “crónica de una muerte anunciada” la situación y dijo que esta es otra más de las explicaciones que tiene que dar la ex Presidenta Michelle Bachelet al país.

Opinión similar tuvo el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín, quien criticó las decisiones tomadas en su minuto por el gobierno de la ex directora de ONU Mujeres y fustigó el anuncio de la instalación de tres nuevas centrales en este lugar.

Estas zonas vulnerables, conocidas también como zonas de sacrificio (por la alta concentración de industrias contaminantes), requieren a juicio de la dirigente de Comunidades por el derecho a la vida, Cata Alonso, una normativa especial, porque la existente es muy fácil de vulnerar.

En este sentido, la vocera del movimiento ambientalista indicó que “las normas son tan malas que nuestra zona necesita algo especial, porque aquí toman por empresa los contaminantes, y nosotros tenemos 19 industrias peligrosas. Me parece que deberían tomar el conjunto de las emisiones y no una por una, porque de esa manera todas cumplen la norma. Tenemos un récord de contaminación día por medio. De eso nadie dice nada”.

Para Cata Alonso, la justificación de que esta central es necesaria para la generación de electricidad para el Sistema Interconectado Central es una mentira, ya que los únicos beneficiados con esto serían las grandes empresas mineras.

La ambientalista explicó que “la población gasta el 14,8 por ciento de la energía y el resto lo ocupa casi todo el sector de la Minería y un porcentaje menor la industria. En qué se basan para hablar de que somos un país desarrollado, cuando estamos cada vez más contaminados y arrasando nuestro medio ambiente y con una pobreza increíble en los lugares donde se instalan ellos”.

Finalmente la vocera sostuvo que recurrirán a organismos internacionales, porque “el derecho en Chile no se respeta”

En esa línea, Cata Alonso, detalló que “nosotros hemos tocado todas las puertas y hemos dado a conocer con estudio en mano todos los problemas que existen. Todos los parlamentarios y todo Chile sabe. Todos prometen y dicen, que atroz, que espanto, pero no han hecho absolutamente nada, y lo que es peor siguen aprobando proyectos, porque ahora llegan tres termoeléctricas de Codelco, viene todo el concentrado de la División Andina para salir por nosotros. Yo no sé qué esperan, que explotemos o que nos incendiemos todos juntos”.

En tanto, el vicepresidente de Operaciones de Aes Gener, Javier Giorgio, manifestó que la termoeléctrica Campiche cumple con la normativa vigente de emisiones. Además aseguró que su implementación y funcionamiento cuenta con un plan de mitigación que además incluye a las unidades más antiguas que conforman el complejo, mejorando su desempeño ambiental.