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Año XIII, 26 de octubre de 2021

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Editorial Jurídica: La batalla legal de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

La Editorial Jurídica de Chile es, hasta hoy, la encargada de la edición oficial de los Códigos de la República, quince libros fundamentales para el ordenamiento jurídico del país. El abandono del Estado acarreó una profunda crisis económica en la institución, razón por la cual el Senado envió un proyecto de Ley que plantea su disolución y quita de las manos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile la publicación de estas leyes en papel, abriendo el paso a la empresa privada.

Oriana Miranda Navarrete

  Martes 26 de marzo 2013 0:49 hrs. 
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Desde 1947, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en conjunto con la Biblioteca del Congreso Nacional, conformaron la Editorial Jurídica de Chile, institución encargada de la edición oficial de los Códigos de la República y la publicación del repertorio de legislación y jurisprudencia.

Con el paso de los años, y particularmente desde comienzos de la dictadura, la instancia legal pasó de estar financiada por el Estado a tener que ser autosustentable, lo que derivó en una crisis económica de proporciones que está siendo atendida “en la medida de sus posibilidades”, según revela una inserción publicada por el Consejo de la Facultad de Derecho. Sin embargo, los problemas de financiamiento “no han afectado el desenvolvimiento de sus actividades ni la calidad de sus publicaciones”, expresa la publicación.

En ese contexto, el Senado envió hace un par de semanas un proyecto de ley que dispone la disolución de la Editorial Jurídica de Chile y confiere exclusivamente a la Biblioteca del Congreso Nacional la facultad de editar los textos oficiales de los Códigos de la República, mas solo en formato digital.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum, califica la solicitud del Senado como “poco estudiada y precipitada”, pese a que “obedece a un problema que se arrastra desde hace más menos diez años, en que yo he recurrido a todos los presidentes del Senado en petición de ayuda y en algunos casos también al actual Presidente de la República y a anteriores”. Esto, debido a que no se considera que la Editorial es una persona jurídica que ejerce una función de servicio público, ya que también contribuye al acervo cultural en materia judicial.

Además, la Biblioteca del Congreso solo editaría los Códigos y Leyes de manera digital, por lo cual la preocupación del decano y la Facultad de Derecho radica en el destino del formato tradicional en papel, que podría desembocar en manos de una empresa privada.

Ante esto, Nahum aclara que es más factible para el Estado hacerse cargo de su deuda histórica con el organismo jurídico que simplemente suprimirlo, ya que “tendría que hacerse cargo de todo el costo que ello implica y saldría mucho más caro que hacer un aporte a la Editorial para que esta pueda seguir funcionando, por su obligación que no ha cumplido en largo tiempo”. Además, esta operación vulneraría los  derechos de la Facultad como ente fundacional de la Editorial.

Otro de los conflictos del traspaso de la responsabilidad de la publicación oficial de los Códigos de la República de una corporación pública a una empresa privada radica en la rigurosidad con la que deben tratarse estos textos, por ser disposiciones básicas estructurantes de nuestro ordenamiento jurídico.

“Si una corporación jurídica de derecho público, como es el caso, publica la edición de los Códigos y al día siguiente hay una modificación sustancial de los mismos, la corporación tiene que sacar de la venta estos ejemplares y reemplazarlos por una nueva edición. En cambio, si fuese una empresa privada, lo más probable es que terminaría de vender los Códigos agregándole algo como una fe de erratas y mientras no se terminasen no sacaría una nueva edición. Eso es lo que explica el porqué de la diferencia”, relata el decano, haciendo hincapié en el carácter oficial dado por ley a las publicaciones de la Editorial Jurídica.

El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hizo un llamado al Presidente Piñera a rechazar la petición del Senado y está evaluando otras decisiones a tomar, a la espera de que esta situación “sea estudiada concienzudamente  y se vea la mejor solución no solo para la Editorial sino que también para el país”.

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