Luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpusiera un recurso de amparo a favor de una inmigrante colombiana que permaneció detenida por cerca de dos meses  en un cuartel de la PDI, la Corte Suprema acogió la medida solicitada por el organismo de derechos humanos.

Se trata de Jennifer Suley Candela Riascos, de nacionalidad colombiana, quien permaneció detenida entre el 20 de enero y el 14 de marzo de este año en una unidad de la Policía de Investigaciones mientras esperaba su decreto de expulsión.

El fallo de la Corte Suprema ratificó en un fallo dividido la resolución de la Corte de Apelaciones de Arica, que previamente había acogido la medida cautelar a favor de la inmigrante. La resolución del máximo tribunal confirmó así la ilegalidad de la actuación de la PDI, que mantuvo a la joven por un plazo muy superior al que la ley establece, esto es 24 horas.

Al respecto, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, sostuvo que “el fallo de la justicia es un nuevo llamado para que las instituciones competentes  en materia de inmigrantes cumplan con los estándares legalmente establecidos en cuanto a los derechos de quienes arriban al país”.