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Año XI, 7 de diciembre de 2019

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Laurence Golborne en el ojo del huracán por delitos de Cencosud durante su administración

La condena a Cencosud dictaminada por la Corte Suprema beneficiará a cientos de miles de personas afectadas por el aumento unilateral de las comisiones, ilícito cometido en el periodo en el que el candidato presidencial Laurence Golborne era gerente general de la empresa. Pese a que el candidato se excusó diciendo que solo "obedeció instrucciones", representantes del mundo político lo emplazan a asumir sus responsabilidades, en un episodio que podría incluso sepultar los sueños presidenciales de la UDI.

Oriana Miranda

  Jueves 25 de abril 2013 19:37 hrs. 
golborne

El fallo de la Corte Suprema contra Cencosud, acogiendo la demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) el año 2006, no solo sentó un precedente en la forma en la que las empresas y los consumidores se relacionarán de ahora en adelante, sino que afectó particularmente al candidato presidencial UDI Laurence Golborne, quien oficiaba como gerente general de la empresa al momento de cometerse los ilícitos.

Para Golborne, “aquí lo que pasó es que existían dos interpretaciones sobre la norma. Los abogados de la compañía recomendaron una y no hubo acuerdo con el Sernac. Tras siete años, la Corte Suprema estableció un criterio claro”. En ese sentido, el candidato se justificó diciendo que “uno debe asumir las decisiones que se tomaron en un minuto. La empresa tomó una decisión que me correspondió llevar adelante. Uno obedece las instrucciones y las directrices que se establecen a nivel de un directorio y la persona responsable de llevarlas a la práctica, es la posición que me correspondía a mí”.

Las primeras críticas se hicieron oír desde su contendor de la Alianza en la carrera presidencial, Andrés Allamand, quien emplazó a Golborne a “dar explicaciones” por los “graves abusos cometidos a miles de personas” mientras él era gerente general de Cencosud. Estas declaraciones fueron duramente replicadas por la UDI, desde donde el diputado Gustavo Hasbún acusó a RN de un “montaje” para perjudicar la candidatura de Laurence Golborne.

En Renovación Nacional rechazaron estas acusaciones, así como las explicaciones de Golborne, las cuales fueron calificadas como “insuficientes” tanto por el jefe de bancada Pedro Browne como por el senador Francisco Chahuán. En ese sentido, el diputado Leopoldo Pérez apuntó a que “cada uno en su fuero interno tiene convicciones y si yo, por muy gerente general, estoy viendo que por orden de los dueños de la empresa me están pidiendo que cometa actos que van contra mis convicciones, mis valores y mis creencias, obviamente que tengo la posibilidad de dar un paso al lado”.

Un fallo histórico

Esta es la primera vez que una demanda colectiva del Sernac gana una resolución judicial, hecho por el cual Cencosud tendrá que indemnizar a más de 600 mil usuarios afectados con el aumento unilateral de comisiones, por una suma de 70 millones de pesos en total.

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, calificó el fallo como “histórico” y “un triunfo importante para los consumidores”. Además, enfatizó en la necesidad de endurecer la fiscalización a las empresas, algo para lo cual la actual institucionalidad carecería de facultades suficientes.

“El Sernac Financiero adolece de debilidades que no permiten que sea obligatoria la necesidad de enviar los contratos para la revisión por parte del Sernac. Nosotros estamos pidiendo que se modifique y sea obligatorio, que todos los contratos de adhesión,  los contratos masivos, sean enviados al Sernac para la revisión de cláusulas abusivas, las cuales tendrán que ser eliminadas inmediatamente”, explicó Calderón.

Por ello, considera necesaria la creación de una Superintendencia del retail. “Es urgente que haya un organismo fiscalizador de lo que hoy día está en territorio de nadie y claramente es parte de los vacíos que tiene la legislación. Hoy día el principal negocio para el retail no es la venta de productos sino que servicios financieros, por lo tanto habría que modificarlo para que tenga los mismos controles y regulaciones que tiene ese sistema”, declaró.

El presidente del Senado, Jorge Pizarro, coincide en esta necesidad, ya que actualmente “son millones los ciudadanos comunes y corrientes que hacen un tremendo esfuerzo para conquistar un crédito y sufren esta situación”.

Es por ello que, “hay que generar una superintendencia especial del retail, de manera de controlar y fiscalizar mejor lo que sucede en ese amplísimo mercado. Hoy día las empresas de retail tienen más de cinco millones 100 mil tarjetas en operación y funcionando. Son usuarios del sector medio y medio bajo que no tienen otras alternativas de crédito y que están prácticamente entregados a que sean las empresas las que fijen las reglas”.

Además de destacar la condena contra Cencosud, la bancada de diputados demócrata cristianos expresó su preocupación por “los nulos avances en esta materia que hemos tenido durante la actual administración”.

El diputado Fuad Chahín se sumó a las críticas al Sernac Financiero, ya que a su juicio “nació sin las facultades necesarias y, en la práctica, no ha logrado posicionarse como una defensa real de los consumidores”. Por ello, en la DC esperan que se considere implementar una Fiscalía Especial dedicada a “la defensa real y rápida de quienes han sido víctimas de los grupos económicos”.

En Renovación Nacional, el diputado Pedro Browne indicó que su bancada hizo entrega “en enero” de una agenda con puntos de trabajo al Sernac, “para ir avanzando en una agenda más contundente y una mejor legislación respecto de la defensa de los consumidores”. 

“Para nosotros es un eje central, creemos que ahí hay que poner el acento. Cuando hablamos de las desigualdades en nuestro país no solamente se dan por los ingresos, sino también por estas múltiples situaciones donde las posiciones dominantes abusan de aquellos que no tienen como defenderse”, expresó el parlamentario.

La escasa fiscalización al sistema de tarjetas de crédito y al retail en general ha puesto sobre la mesa la necesidad de perfeccionar la legislación actual y avanzar hacia la creación de una institucionalidad que permita una mayor transparencia y criterios de protección al consumidor, coinciden parlamentarios y expertos.