El ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, calificó como “una profunda reforma”, las indicaciones a la Ley de Partidos Políticos, que serían revisadas por la comisión de Gobierno en el Senado. La intención de esta reforma es sumar transparencia, ya sea para la ciudadanía en general, como para los propios militantes.

Entre los cambios se destaca la renovación periódica de las autoridades internas en cada partido, además de sumar facultades para el Servicio Electoral y el Tricel, en función de actualizar los padrones y monitorear la validez de los comicios en las colectividades.

Una arista que copó la atención en estos cambios es el financiamiento, que pasaría a ser responsabilidad del Estado, esto es, derivar fondos públicos a las arcas de cada colectividad. Los senadores Soledad Alvear y Hernán Larraín presentaron sugerencias para esta discusión, a propósito de la polémica que atañe a la diputada Marta Isasi por la Ley de Pesca.

Al respecto, el senador gremialista destacó la necesidad de legislar por el financiamiento de los partidos, y definir en ello el ingreso de dineros desde el Estado: “La modernización de los partidos incluye el financiamiento, sin ella esta iniciativa queda trunca. Pensamos que es una medida impopular, pero necesaria, ya que por la vía del financiamiento como gastos públicos, asegura independencia, evitamos conflictos de interés, suspicacias, inquietudes ciudadanas respecto de cómo se financian los partidos”.

El subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Robert Funk, indicó que el financiamiento del sector privado explica el alejamiento entre la clase política y las demandas ciudadanas, lo que obliga un cambio en su dependencia financiera.

“Es evidente que el financiamiento no es algo popular, la gente discrepa de que los partidos se financien con sus impuestos. Pero los partidos no representan a la ciudadanía porque están financiados con intereses particulares, si queremos que los partidos hagan mejor trabajo de representarnos, parte de esa ecuación es que eso venga de todos nosotros. Sin financiamiento público, la única forma de los partidos para financiarse es acudir al sector privado”, indicó.

Juan José Soto, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, indicó que, al margen del origen del financiamiento, hoy existe un vacío legal en la fiscalización del tope de campañas políticas, sin que exista información por triangulación y dineros negros, además del excesivo gasto de las candidaturas, que supera el marco legal sin recibir sanción.

No obstante, el proyecto fue desestimado en la comisión de la Cámara Alta. El presidente de la instancia, Carlos Bianchi, solicitó quitar la urgencia desde el Ejecutivo, ya que aún no se discuten las atribuciones de los consejeros regionales, elegidos ahora por sufragio universal.

El parlamentario apuntó a que no existen condiciones para financiar a los partidos, ya que “los que estamos en política tenemos que ser responsables, los que están en política partidaria, más responsable aún, pero no escuchamos una autocrítica. Mientras eso no ocurra, no sacamos nada con avanzar en financiar a los partidos, sería impresentable. Yo no estoy dispuesto, no es conveniente tratar esto, lo primero es esperar una autocrítica”.

Tal como señalaba el senador Larraín, se trata de una arista impopular de momento en que fondos del Estado financian a los partidos, con escasa representación popular, y una alta desaprobación de parte de la ciudadanía que paga sus impuestos.