El Servicio de Impuestos Internos detalló la estrategia de fiscalización que desarrollará a partir de la información que reciba de instituciones financieras sobre más de 50 transferencias a una misma cuenta de personas distintas en un mes.
En este proceso el SII espera que declaren el Impuesto a la Renta 4.770.000 contribuyentes, de los cuales 1.900.000 son empresas y 2.870.000 personas.
El director de la entidad pública, Hernán Frigolett, destacó que uno de los objetivos de este proceso anual es el fortalecimientos “de las medidas para evitar el uso indebido de beneficios y franquicias tributarias”.
Apropósito del acuerdo entre Hacienda y la DC, el representante de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, reiteró que el gran empresariado está en contra del aumento de carga tributaria a las empresas y a las personas.
El pacto también contempla un mecanismo para incrementar carga de dividendos accionarios de las rentas del capital. El presidente de la tienda, Alberto Undurraga, destacó la importancia de tomar medidas que impacten en la inversión y en más empleos.
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio plantean que se pueda recaudar anticipadamente por la vía de gravar los dividendos o retiros de utilidades. Los gremios empresariales también proponen un conjunto de 30 medidas sectoriales.
Luego de la exposición del Consejo Fiscal Mixto, los representantes del sector cuestionaron los supuestos sobre ingresos y crecimiento hechas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para el 2024.
Para dirigentes sociales y sindicales, la reacción de la oposición a la iniciativa del Gobierno va en la línea de no querer avanzar en reformas y advierten que mantener el actual sistema lleva a un endeudamiento que hipoteca el futuro del país.
Durante el encuentro sobre justicia fiscal organizado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, se dio a conocer los problemas que enfrentan los países especialmente del sur producto de la evasión y la elusión tributaria.
El jefe de bancada de la Democracia Cristiana se refirió al avance en las conversaciones sobre el pacto fiscal, donde pronostica complicaciones en lo relacionado al alza de impuestos.
Para esto, la tasa de desarrollo implica reducir el impuesto de Primera Categoría a 25% y establecer un impuesto de 2% a las empresas en régimen general. Cabe recordar, que esta medida ya era parte de la reforma tributaria rechazada en marzo.
Mientras, la ministra de Trabajo destacó que a pesar de las diferencias, esperan conocer la propuesta que hagan desde esa colectividad para ver los puntos donde se puede ceder las posiciones.
El ministro de Hacienda sostuvo que “el potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos”.
El escritor reconoció la acción de los parlamentarios que tiene la finalidad de investigar al resto de empresas de retail del país, puesto que “busca transparentar una situación que probablemente es mucho más recurrente de lo que uno sospecha”.
Entre las medidas que fueron adelantadas por el titular de Hacienda, se establece la idea de tener una carga tributaria máxima del 50 por ciento con el objetivo de “darle más seguridad a los inversionistas del sector”.
Luego del revuelo que causaron sus afirmaciones en un medio electrónico, la ministra de Medio Ambiente salió a aclarar que en materia de carga impositiva es el Ministerio de Hacienda el que debe hacer los anuncios.
La Segunda Sala del organismo acogió el requerimiento presentado por la familiar del fallecido dictador, en el cual acusa un cobro tributario “desproporcionado” por parte del Servicio de Impuestos Internos.