El tema del acceso a correos electrónicos de autoridades públicas es el principal motivo de roce entre el Gobierno y el Consejo para la Transparencia, organismo autónomo que fiscaliza la Ley 20.285 de acceso a información pública. Ambos actores se han enfrentado ante los Tribunales de Justicia y el Tribunal Constitucional, con resultado contrario al derecho de la población a conocer los correos de las autoridades.

El Gobierno dice que los correos enviados y recibidos desde computadores y servidores públicos, están en la esfera de la vida privada. El Consejo para la Transparencia, en cambio, dice que los mensajes son divisibles; para dar acceso al contenido sobre decisiones públicas, y para resguardar los contenidos que sean privados.

Ahora, existe un proyecto legal en el Parlamento que propone una solución intermedia, con el cual se daría acceso a correos de funcionarios públicos, pero sólo si son resoluciones políticas ya tomadas, y no sobre el proceso de la decisión. El acuerdo implica dar acceso a público a aquellos mails de cuentas institucionales que se refieran a resoluciones o actos finales, y abarcaría los correos de autoridades de los 340 organismos del Gobierno, al Poder Judicial, el Banco Central, la Contraloría, los fiscales e incluso parlamentarios, entre otros. Se mantendría la reserva de la correspondencia de etapas deliberativas o previas a la toma de una decisión.

Manuel Aris, de la Fundación Ciudadano Inteligente, considera que el Gobierno ha puesto demasiadas cortapisas a este derecho, lo que en la práctica no se traduciría en un avance cualitativo.

En este sentido, el experto de la fundación explicó que “lo que pasa es que cualquier correo electrónico, que yo como funcionario público no quiera dejar en el expediente, no va a ser sujeto de ser solicitado a través de una solicitud de información pública y el segundo problema es que se están pidiendo muchos requisitos como identificar en el correo electrónico quién es el destinatario y quién es el emisor, la fecha, cuál es el asunto del correo electrónico y obviamente eso limita la capacidad de los ciudadanos de poder pedir esa información”.

Pese a la limitación y a los requisitos que incluye el proyecto legal sobre acceso a correos electrónicos, el diputado Jorge Burgos, del Partido Demócrata Cristiano, ve un avance porque se trata de acceder a correos sobre resoluciones tomadas, que pueden no haber sido ejecutadas, lo que permitiría pesquisar decisiones controvertidas para la ciudadanía.

Por esto, el parlamentario de la DC indicó que “puede servir porque la decisión tomada no necesariamente está implementada, no sólo cuando es público sino también previamente, diciendo en esto se adoptó cierta decisión, cual fue la decisión que se tomó. Creo que tiene algún sentido”.

El conflicto por los e-mails comenzó en 2011, cuando el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, pidió los correos electrónicos entre el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, y la Gobernación de Melipilla, por la ejecución de fondos para la reconstrucción luego del terremoto del 27 de febrero de 2010. Luego, la Fundación Ciudadano Inteligente solicitó los correos del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, sobre el proyecto de ley sobre Alta Dirección Pública. En 2011, el Presidente Piñera no quiso renovar la permanencia de Raúl Urrutia y Juan Pablo Olmedo en el Consejo para la Transparencia, porque apoyaban la tesis de los correos públicos.

El abogado Mauricio Daza, quien en su momento solicitó infructuosamente correos entre el ex ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el ex fiscal del caso Bombas, Alejandro Peña, opina que este proyecto es un retroceso.

En esa línea, el jurista argumentó que “este proyecto lo que busca es dar un paso atrás en materia de transparencia pública. Lo que se pretende restringir son correos electrónicos de autoridades públicas que en calidad de tales se envían respecto de la toma de decisiones en el ámbito público. Nadie está solicitando correos que sean materias privadas, lo que se está solicitando es conocer aquellos antecedentes que justifiquen la adopción de medidas, que en definitiva, afectan a toda la comunidad”.

En Estados Unidos, Canadá y sobre todo Inglaterra los correos electrónicos de funcionarios públicos son documentos públicos si existe vinculación entre la información solicitada y el desempeño público del funcionario. El Ránking Global Sobre Derecho a Información, muestra que entre los 93 países con leyes de transparencia, los más avanzados son: Serbia, India y Eslovenia. Chile está en el número 31, detrás de países latinoamericanos como El Salvador, México, Perú, Nicaragua, Guatemala y Brasil.