A las 13.00 horas comenzó en San José de Costa Rica la audiencia del caso rotulado “Norín, Catrimán y otros”, que agrupa tres causas distintas por violaciones a los Derechos Humanos de diversos comuneros condenados por la Ley Antiterrorista.

Se trata del conocido caso de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, de siete dirigentes del juicio por el atentado en el fundo Poluco Pidenco y la aplicación de esta ley al dirigente Víctor Ancalaf.

En la oportunidad, la Corte escuchó la defensa y los testimonios de un representante por cada caso. Exponen Juan Pinchún, hijo del recientemente fallecido lonko Piuchún, Jaime Marileo y Ancalaf.

Este caso es el primer juicio por este tema que traspasa la Comisión y llega a la Corte Interamericana, lo que podría significar una sanción para el Estado.

Sobre esto se refirió uno de los hijos del lonko, llamado también Pascual Pichún, quien declaró que “como familiares de víctimas de la aplicación de la ley antiterrorista, jamás pudimos conocer a los testigos. Esto invalida el juicio, y por eso recurrimos a la Corte, para que un fallo favorable frene la aplicación de la ley y que esto permita un precedente para futuros juicios”.

Y efectivamente, la Corte podría obligar al Estado a adoptar medidas para evitar que se vuelvan a cometer estos abusos, es decir, llevarla a corregir el marco institucional, según señalan los abogados defensores directos o privados de los distintos dirigentes.

Patricia Troncoso fue víctima y encarcelada por diez años por la aplicación de esta ley en el caso Poluco Pidenco. Desde Costa Rica sostuvo que “esta ley se utilizaba para asesinar a los detractores del régimen dictatorial y, en tiempos de pseudo democracia ha sido usada para criminalizar las demandas de territorio del pueblo Mapuche”.

La mujer denunció que la Corte denegó el derecho de declaración oral al Lonko Aniceto Norin y a ella misma, y además, manifestó que hay una serie de complejidades con la defensa, ya que el tribunal designó una defensa oficial y hay abogados particulares que están “por fuera de la causa”, lo que requiere reparar en el proceso.

Aún así, manifestó su esperanza en que el juicio logre efectivamente constatar a nivel internacional los abusos, con la finalidad de que el Estado se vea obligado a enfrentar este tema de otra manera que no sea criminalizar y judicializar la protesta social.

Este jueves 30 de mayo, la audiencia sigue con la visión del Estado, donde la Corte escuchará también el dictamen pericial de tres peritos, uno propuesto por el Estado, otro por un interviniente común y el tercero por la misma Comisión Interamericana.