Juicios políticos: en eso se han transformado las denuncias sobre supuestas irregularidades en la entrega de pensiones a exonerados políticos.

Luego de la reunión que durante la mañana del lunes sostuvieron parlamentarios oficialistas con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para solicitar mayor seguimiento del caso, las declaraciones en ambos frentes continuaron.

Karla Rubilar, diputada de Renovación Nacional, se mostró “satisfecha” por el compromiso de Chahuán de destinar más personal a la investigación del caso. Sin embargo, los dardos del oficialismo siguieron apuntando a las responsabilidades políticas del gobierno de Michelle Bachelet en la entrega irregular de beneficios a exonerados políticos.

En este sentido, la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien lidera una comisión que evaluará caso a caso, declaró que “acá es claro que hubo una intencionalidad política detrás de esto. Este programa fue hecho para defraudar. Fue diseñado para defraudar, para dar beneficios a gente que no los merecía”.

Las respuestas desde la Concertación no se hicieron esperar. El líder del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, señaló que la “ministra Matthei se ha transformado en la portavoz de la guerra sucia”, agregando que las preguntas se deben hacer al gobierno del Sebastián Piñera.

“Tres militantes exonerados fueron calificados durante el gobierno del Presidente Piñera, si hay alguien a quien pedirle explicaciones hoy día sería a él. Y además, las observaciones que hace la Contraloría se refieren a exonerados que fueron enviados a la determinación de beneficios por este gobierno con el método que han empleado todos los presidentes, que es por la vía de delegación de firmas y responsabilidad en los Ministros del Interior y los subsecretarios”, manifestó.

En entrevista con Felipe Pozo en Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, Humberto Lagos, abogado y ex director de la oficina para exonerados del Ministerio del Interior entre los años 1995 y 2003, planteó que hay que revisar las cosas con mucho más cuidado antes de sacar conclusiones políticas.

“Lo cierto es que cuando plantea situaciones como la cita de siete empresas en la que se había calificado a personas que postulaban a la calidad de exonerado político y sostiene que esas empresas no estaban calificadas, así que no podían producir exonerados políticos, esa es una afirmación que no se sostiene en la realidad, confrontada con datos legales”, precisó.

De esta manera cabe esperar que Fiscalía emita su juicio respecto a la investigación encabezada por la fiscal Ximena Chong, para determinar cuáles son las reales dimensiones de la denuncia de fraude y el verdadero alcance del caso exonerados políticos.