Denuncian paralización en las obras de 80 casas a tres años del terremoto

Los pobladores damnificados de la comunidad de Llico, en la Octava Región, anunciaron movilizaciones y posibles acciones legales ante la paralización de las obras de reconstrucción de 80 viviendas, a más de 3 años del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010.

Los pobladores damnificados de la comunidad de Llico, en la Octava Región, anunciaron movilizaciones y posibles acciones legales ante la paralización de las obras de reconstrucción de 80 viviendas, a más de 3 años del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010.

Los pobladores damnificados de la comunidad de Llico, en la Octava Región, anunciaron movilizaciones y posibles acciones legales ante la paralización de las obras de reconstrucción de 80 viviendas, a más de 3 años del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010.

Esto lo determinó una asamblea ante las denuncias de irregularidades y de que la Municipalidad de Arauco decidiera paralizar las obras y pedir la fiscalización de la Contraloría por presuntas fallas constructivas y estructurales en las viviendas.

El dirigente Cipriano Orellana aseguró que 80 soluciones habitacionales debieron entregarse a inicios de este año, y a la fecha sólo se registra un 75% de avance que se consiguió ilegalmente, ya que al momento de la suspensión de los trabajos sólo se llevaba un 40%.

El presidente del comité Esperanza, señaló que además la empresa BYF S.A. ha denunciado que el mismo servicio de Vivienda y Urbanismo les adeuda 500 millones de pesos.

En este sentido, el dirigente explicó que “la empresa constructora DyS no va a seguir trabajando porque el Serviu le debe 500 millones de pesos y por ese motivo ellos paralizaron las obras también. Todo lo que se dice de la reconstrucción, de hecho estamos incluidos dentro de los damnificados que les entregaron soluciones y eso no es verdad. Necesitamos ser escuchados, necesitamos que de una vez por todas la opinión pública y el Estado haga algo para los damnificados de Llico”.

Además de las movilizaciones anunciadas, los pobladores presentarán acciones judiciales respaldadas por la ONG Ciudadanía y Territorio Observatorio de Vivienda y Políticas Públicas.





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