Esta mañana, el abogado Álvaro Toro, en representación de diversas agrupaciones sociales y comunidades indígenas de Arica y Putre, presentó una demanda en el Segundo Tribunal Ambiental contra la ministra Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, por su eventual complicidad en la contaminación de agua con arsénico y plomo.

El requerimiento apela a la “inacción u omisión” en la que habría incurrido la autoridad frente a una serie de denuncias realizadas por los habitantes de ambas ciudades, donde, incluso, se acompañaron estudios que daban cuenta de la inoculación del recurso hídrico.

Así lo manifestó Álvaro Toro, quien señaló que los habitantes de Arica y Putre agotaron todas las instancias de diálogo con las reparticiones públicas.

“La única respuesta que han tenido es que las aguas no están contaminadas. Pero se acaba de confirmar, con nuevos exámenes de laboratorio, que efectivamente los relaves que se depositaron ahí hace más de treinta años contienen arsénico y están llegando a las aguas a través de las napas que se han filtrado. Hoy día ello está causando contaminación a las aguas que están bebiendo las personas y usando para regar su agricultura”, expresó el abogado.

Desde inicios de los 90’ que los habitantes de Arica vienen denunciando las omisiones de los gobiernos de turno con la contaminación del recurso hídrico de su región.

En consideración de este antecedente, Álvaro Toro explicó por qué la demanda se personifica en María Ignacia Benítez, siendo que la inoculación del agua data de 1986, cuando la Sociedad Procesadora de Metales, Promel, arrojó cerca de 2 mil toneladas de desechos químicos, entre ellos, arsénico, plomo y cianuro.

El jurista manifestó que nuevos antecedentes e informes de especialistas confirman la contaminación del agua, pero que la actual administración, al igual que las anteriores, ha omitido esta información.

“Entendemos que la autoridad ambiental es la que tiene la obligación de velar por los componentes del medio ambiente, incluido el agua, y tomar las medidas que sean necesarias para reestablecer el medio ambiente cuando este ha sido afectado. La acción ocurre por una omisión del Estado, todos saben que los relaves no los puso ahí el gobierno pero eso no significa que no tenga que tomar medidas”, afirmó.

Aníbal Díaz, vocero de la Coordinadora Regional de Conflictos Socio Ambientales de Arica y Parinacota, indicó que el arsénico en el agua puede producir graves problemas a la salud, como infertilidad y cáncer al pulmón, la vejiga, las vías urinarias, al riñón y a la piel.

Díaz alertó que estos riesgos no son sólo para las personas que viven en esa región.

“Esta misma empresa depositó un millón de toneladas sobre la cuenca hidrográfica del río San José, que es donde nace el agua que tomamos los ariqueños y que abastece el Valle de Azapa, desde donde salen productos contaminados a Santiago y a todo Chile. Estamos hablando de una catástrofe ambiental, donde el Estado de Chile no se ha hecho responsable de reparar y mitigar los daños causados”, advirtió.

La demanda presentada ante los Tribunales de Justicia busca que el Estado asuma los costos económicos que demanda la intervención de los sectores afectados por la contaminación del agua arsénico.

Según estimaciones preliminares, la reparación y mitigación de los daños no sería inferior a los 300 millones de dólares.