Una serie de irregularidades y abuso de menores al interior de los centros del Sename determinó la decisión de cerrar cuatro de sus centros y la intervención de todos los recintos del país por un grupo de profesionales.

La ministra de Justicia, Patricia Pérez afirmó que se “verificará en terreno la situación de cada niño. Y, en el caso de los abogados, van a hacer denuncias inmediatas, toda vez que haya noticias de delitos”.

En paralelo, diputados de la Comisión de Familia pidieron la creación de una Comisión investigadora sobre las irregularidades en el Servicio Nacional de Menores. Así lo explicó la diputada Adriana Muñoz, integrante de la Comisión de Familia, la que tendría la misión de investigar las irregularidades al interior de los recintos que albergan a niños, niñas y adolescentes.

“Acá hay una violencia brutal, es la punta del iceberg de lo que está sucediendo en establecimientos públicos, financiados con la plata de chilenos y chilenas. Hay desprotección de las autoridades a denuncias que venían desde mucho tiempo, respecto de lo que pasaba en estas casas. Hemos pedido que la comisión de Familia se constituya como investigadora para ver qué está sucediendo a nivel de guardadores y casas del Sename”, dijo.

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón, enfatizó en la necesidad de investigar lo sucedido desde el Parlamento, atendiendo a una responsabilidad Estatal en la vulneración de los derechos de estos niños.

El diputado indicó que “no son delincuentes, son niños en riesgo, no son infractores de ley. Están a cargo del Estado para su protección, y sus derechos se están vulnerando por su protector, eso hay que reparar. Hay que crear una comisión investigadora, no hay otro camino, esto es grave”.

Expertos dudan de comisión
Sin embargo, para organizaciones que trabajan en temas de infancia, la creación de esta comisión constituye un paso importante, pero insuficiente. Así lo considera Osvaldo Torres, director ejecutivo de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas y coordinador académico del Diplomado Niñez y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

El especialista hace un llamado a las autoridades a aprobar el proyecto de Ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en concordancia con la aprobación de la Convención internacional de los Derechos de los Niños, ratificada por Chile en 1990.

“No es una novedad la denuncia que ha ocurrido, lo que puede ser novedoso es que es la gota de rebasó el vaso. Obliga a tomar medidas de fondo que el sistema requiere, una comisión es insuficiente. Los gobernantes no han tenido claridad respecto de la convención sobre Derechos del Niños, en la vida en el país y en la institucionalidad”, señaló.

Para Osvaldo Torres, el Estado chileno está en deuda con la protección de los derechos de los niños y tiene el deber de prevenir y sancionar las situaciones que atenten contra los derechos de, en este caso, los 20 mil niños abusados atendidos por el Sename.