La Ley N° 20.394 prohibió la exigencia del cheque en garantía para acceder a una atención de urgencia en una clínica privada. Esa prohibición rige desde el 20 de noviembre de 2009, y la Superintendencia de Salud es la encargada de fiscalizar su cumplimiento. Sin embargo, la norma no tipifica como ilegal la exigencia de un pagaré en blanco. Aprovechando ese vacío legal, ahora hay empresas de salud que están exigiendo a los pacientes la firma de este tipo de documento, como condición para dar atención de urgencia.

La denuncia fue expuesta por la Asociación Chilena de Municipalidades, principal agrupación de municipios del país, y la organización no gubernamental Activa, entidad especializada en temas de participación, no discriminación y acceso oportuno a información. Ambas entidades denunciaron lo que califican como “una nueva forma de abuso y discriminación por parte de clínicas y centros médicos”.

El vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de la comuna de Maipú, Christian Vittori, expuso las evidencias y dijo que existe una reforma pendiente para la regulación y eliminación de estos pagarés en blanco, los que además comprenden cláusulas que son abusivas, como la eliminación de la alternativa de reclamo o la verificación de los antecedentes comerciales del paciente a través del certificado de deudas comerciales, lo que en teoría está prohibido por otra ley: la 20.575 sobre Dicom, que impide exigir estos datos para atención médica de urgencia.

La opinión del alcalde Christian Vittori es que este resquicio legal debe resolverse en el Parlamento o bien, que la Superintendencia de Salud juegue un rol más importante: “Debe jugar un rol más importante en fiscalización, hay un vacío que tiene que ver con los pagaré en blanco”.

Por su parte, la directora de la ONG Activa, Gloria Requena, expresó que esta arbitrariedad la experimentó personalmente al acudir de urgencia a la Clínica Bicentenario, por una intoxicación alimenticia (con náusea, fiebre y dificultad para respirar). La afectada dijo que el establecimiento condicionó la atención de urgencia al requisito de la firma de un pagaré en blanco, y consideró además como “inaceptable” que la forzaran a renunciar a su derecho a reclamo.

“Se vulnera el derecho de los pacientes al firmar un documento en blanco, sino que pierde también su derecho a rendición de cuentas. Si no hay firma de pagaré, no hay atención de ningún tipo ni acceso a ninguna prestación de salud”, señaló.

Al respecto, el vocero de la organización no gubernamental Salud Un Derecho, Matías Goyenechea, agrega que “además de esta situación, las clínicas omiten informar sobre las enfermedades cubiertas por el plan de garantías explícitas de salud (AUGE, para así cobrar más.

El dirigente destacó que “estamos ante un problema generalizado en relación a las clínicas, que generan barreras para garantizar atención. Las urgencias tienen una serie de problemas, y hay otro tipo de situaciones graves: las clínicas no informan cuando los pacientes son beneficiarios del Auge, lo que implica una carga económica para el usuario”.

Los denunciantes informaron que solicitarán una reunión con la Superintendencia de Salud y pedirán además la intervención de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para que se clarifique el espíritu de la ley que prohibió la exigencia del cheque en garantía, o bien, para que se llene ese vacío legal.