Satisfacción fue lo primero que expresaron las organizaciones ambientalistas luego que se conociera el fallo del Primer Juzgado Civil de Valdivia, que condenó a Celulosa Arauco por el daño ambiental que su Planta Valdivia generó en el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces.

Luego de casi diez años de investigación, la sentencia de la jueza Gloria Hidalgo, respecto de la demanda que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), determinó que la única causa del impacto ambiental es el vertimiento ilícito de residuos en el caudal del río.

Ante esto, el tribunal determinó que la empresa deberá realizar, a su costo, una serie de acciones para intentar restablecer las condiciones ambientales que existían en el Santuario de la Naturaleza antes de la contaminación, ocurrida a fines de 2004.

Esto fue celebrado por José Araya, vocero de Acción por los Cisnes, quien recalcó que la sentencia atribuye exclusivamente la responsabilidad a la compañía, pero lamentó que la sentencia haya demorado casi una década: “El tiempo que ha pasado es bastante. Ahora, desde un punto de vista de lo que ha sido la discusión de la política ambiental chilena, sabíamos desde el principio que este era un caso muy complejo para tratar de buscar una resolución política y desde el punto de vista ambiental también. Además, por las mismas complejidades del caso, tuvimos una contraparte como Celulosa Arauco que siempre fue negando, ocultando y entorpeciendo la investigación. Eso hizo que tuviéramos un proceso muy largo para llegar recién a esta primera instancia”, afirmó.

En todo caso, el dirigente se mostró abierto a una eventual conciliación judicial entre el CDE y la compañía: “Se tienen que cautelar ciertos principios que son básicos. Uno ya es parte de este fallo judicial, que es el reconocimiento de que hay un responsable, un autor del daño ambiental, que es Celulosa Arauco. Si una conciliación cautela eso y establece líneas de reparación que sean razonables, en el sentido de que efectivamente permitan avanzar hacia una restauración completa del humedal, para volver a lo que era antes de la contaminación y para que vuelva a cumplir las funciones sociales, económicas y culturales que cumplía, efectivamente la conciliación con esos criterios puede ser absolutamente posible”, señaló.

José Araya dijo esperar que la actitud de la empresa cambie luego de esta primera sentencia, lo que ya se anticiparía en las propuestas que ésta presentó antes que se conociera el fallo, algunas de las cuales fueron acogidas por el tribunal.

Los cuestionamientos por la demora fueron compartidos por otras organizaciones, como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Su director, Lucio Cuenca, explicó que la sentencia es “emblemática” porque atribuye la responsabilidad del daño sobre la empresa: “Se ha aplicado este mecanismo fundamentalmente por el CDE, pero en la mayoría de los casos los juicios no han llegado a su finalización, sino que el CDE ha sido proclive a establecer negociaciones antes de que exista un fallo. Por lo tanto, nunca se ha logrado determinar totalmente la responsabilidad y las medidas que se desprenden de este fallo por una acción por daño ambiental. Eso es lo emblemático de este caso”, indicó.

Más allá fue la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, quien consideró que “lo que hay que hacer es nuevamente evaluar esta planta y ver si procede o no que tenga un permiso ambiental para funcionar en esa zona, porque más allá de todas las acciones ‘reparatorias’ que se puedan hacer, hay un tema de fondo: nada dice que la planta no vuelva a fallar y no vuelva a verter desechos tóxicos”.

“Lo que corresponde es evaluar. Al ser condenada la empresa y probarse que hay daño ambiental, se abre la interrogante. La pregunta es si la planta puede seguir funcionando en ese lugar o no”, indicó.

Se espera que el grupo Acción por los Cisnes entregue un análisis técnico más detallado al CDE para que lo considere en las próximas acciones, sobre todo si es que la empresa decide apelar a la determinación, lo cual aún no ha sido comunicado oficialmente.