Declaración de principios, facultades y estructura interna, estatutos y dirigencia es información que, en general, está disponible en los sitios electrónicos de los partidos políticos.

Sin embargo, el promedio de transparencia activa se reduce notoriamente, a un 38,5 por ciento, debido a que ninguna colectividad publica sus balances financieros anuales e información relativa a montos y fuentes de financiamiento.

Así lo develó el estudio “Transparencia en los Partidos Políticos: revisión de experiencia internacional y propuestas de estándares”, elaborado por Chile Transparente.

El senador UDI Hernán Larraín, presidente de la comisión Bicameral Pro Transparencia y Probidad del Congreso, señaló que la investigación da cuenta de una materia pendiente de este Gobierno: incluir, en el proyecto de ley de partidos políticos, el financiamiento público de los mismos.

En este sentido, el senador gremialista señaló que “yo pienso que el Gobierno no ha querido avanzar por razones que él tendrá que explicar, si yo tuviera que dar una interpretación, es que más que por no creer en la idea es porque no cree que sea una medida popular, que sería rechazada, si hoy la política es muy reprobada entonces con mayor razón nadie va a querer que haya financiamiento público. Ese raciocinio me parece explicable, pero es de corto plazo para el país en el largo plazo es mejor tener el financiamiento público de sus actividades”.

Argumento que, a la luz de las cifras y decenas de estudios de opinión, pareciera tener bastante sustento. Los partidos políticos son, hace años, las instituciones más reprobadas y con mayor desconfianza en nuestro país.

Realidad a la que no escapa Latinoamérica, según subrayó César Astudillo, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien indicó que, independiente de la preponderancia que tenga el sector privado, el financiamiento público debe asegurar transparencia.

En esa línea, el académico de la UNAM de México indicó que “pocos países se libran de este descrédito, esta poca confianza, esta poca credibilidad que tienen los partidos políticos frente a sus ciudadanos, pero necesariamente es un tema que hay que analizar. Si aquí se está analizando ese tema del financiamiento público es la Transparencia, es decir, si vamos a contribuir a los partidos políticos con dinero público, que haya un escrutinio estricto en qué, cómo y dónde se gasta ese dinero”.

El mensaje presidencial que modifica la ley de partidos políticos, junto a los proyectos de probidad pública; del lobby y el que norma las declaraciones de patrimonio e interés, entre otros, es parte de lo que se ha denominado como “agenda pro transparencia”.

Un trabajo legislativo que, de acuerdo un informe filtrado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ha tenido un tiempo de tramitación promedio de 2 años y 2 meses, pese a tener 24 urgencias invocadas, según puntualiza el documento.

El diputado DC Patricio Vallespín, vicepresidente de la comisión Bicameral Pro Transparencia, calificó este estudio de la Segpres como “intencionado”, por lo que pidió mayor cautela al Gobierno.

Por esto, el diputado de la Democracia Cristiana afirmó que “la urgencia todos saben que la pone el Ejecutivo, ellos han puesto y han sacado urgencia a estos proyectos, por tanto su prioridad o su acuerdo al interior de su propio conglomerado parece que no lo han tenido y por eso que las cambian. Yo diría aquí hay responsabilidades mutuas, pero quien lleva la batuta en la urgencia es el Ejecutivo, no es el Congreso, nosotros hace seis meses como comisión bicameral le entregamos una propuesta con la priorización para que dieran urgencia a los proyectos que antes hemos señalado y aun no lo han hecho”.

Esta comisión Bicameral se juntó, este lunes, con los presidentes del Senado, Jorge Pizarro, y la Cámara, Edmundo Eluchans, para analizar los proyectos rotulados como “pro transparencia y probidad”.

El grupo parlamentario se volverá a reunir el próximo lunes 19 de agosto, para acelerar la tramitación legislativa.